E
l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, procesó a los tres involucrados en el operativo por trata de personas realizado por autoridades judiciales e integrantes de Gendarmería Nacional en el local nocturno Sheik, de Gobernador Paz y Roca, el pasado lunes 8 de octubre.
La resolución del magistrado considera “prima facie” como coautores y penalmente responsables del delito de trata a Pedro Eduardo Montoya y Claudia Ivana García, el matrimonio al que se sindica como propietario el lugar, mientras que a Lucy Alberca Campos, la encargada del local, le adjudican la figura de partícipe necesario del mismo ilícito.
El pronunciamiento judicial no incluye el dictado de la prisión preventiva de los imputados, quienes de esta manera continuarán en libertad luego de haber permanecido detenidos unos pocos días tras el operativo y hasta su declaración indagatoria.
Si bien el delito que les adjudican no es excarcelable, al igual que en otros casos similares la Justicia aplica un antecedente que restringe la posibilidad de detención hasta tanto no exista un fallo firme y no exista un riesgo concreto de fuga de los sospechosos.
La decisión del juez Calvete, plasmada en un escrito de unas cien carillas, estaba siendo notificada a las partes y podrá ser apelada por la defensa de los implicados ante la Cámara de Apelaciones con sede en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.
Tras el operativo en Sheik fueron encontradas en el local siete mujeres (de nacionalidad dominicana, paraguaya y argentina) las que la Justicia reconoce como víctimas del delito de trata aunque ellas mismas no lo consideren así. De hecho al comparecer ante la Fiscalía Federal que conduce Juan Soria no se identificaron como personas manejadas por una red de trata, sino como trabajadoras sexuales a quienes se contrató para realizar esa tarea.
Todas declararon como testigos en el caso y también se realizaron una serie de medidas probatorias que habrían demorado la resolución conocida recién ayer, cuando ya transcurrió un mes y medio desde que las autoridades allanaron el local.
Si bien el dato no se conoce con precisión aún, el juez también habría resuelto llamar a indagatoria a otras personas supuestamente vinculados con la maniobra de captación y traslado de las mujeres desde otros lugares del país.
Un delito complejo
Los investigadores admiten en el caso de los dueños de Sheik un modus operandi similar al de los propietarios de Black and White, el local allanado por el mismo delito en abril de este año, y que determinó seis procesamientos y la liberación de una decena de mujeres.
En esencia, se analiza la captación de mujeres con características de vulnerabilidad social, a través de avisos en medios de comunicación, su traslado a Ushuaia para ejercer la prostitución, y el sometimiento a un sistema de endeudamiento y cumplimiento de reglas que ponen en juego su libertad para dejar el lugar en el momento en que así lo decidieran.
Las mujeres liberadas declaran en calidad de testigos y después reciben contención por parte de instituciones especializadas. En el caso de Sheik intervinieron profesionales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cuya titular es Marisa Montero. También viajaron a la provincia integrantes de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quienes también tienen como objetivo garantizar tanto la seguridad como la reinserción social de las víctimas.
A diferencia del caso de Black and White, no habría elementos para sostener que en el lugar del allanamiento se practicaba la prostitución, al menos durante los últimos meses.
Las autoridades de la Justicia Federal insistieron a partir de estas causas en la necesidad de que el Concejo Deliberante dicte una ordenanza que establezca el cierre de los locales nocturnos que aún quedan habilitados en la ciudad. Incluso recordaron el juez Calvete solicitó la sanción de una ley provincial, para que la prohibición rija además en Río Grande y Tolhuin.
