a incertidumbre se cierne sobre los poseedores de créditos UVA en Tierra del Fuego, quienes mantienen su preocupación por el constante aumento en el valor de las cuotas, mientras el presidente electo, Javier Milei, sostiene su decisión de no intervenir en las relaciones de buena fe entre entidades bancarias y prestatarios.
Fuentes locales consultadas por EDFM destacaron que la falta de intervención estatal genera inquietud entre quienes adquirieron préstamos bajo el régimen UVA. Los tomadores de créditos fueguinos insisten en que no buscan que el Estado asuma sus deudas, pero sí abogan por la imposición de algún criterio de razonabilidad en la actualización de los montos.
Según testimonios recabados por este medio, el incremento mensual aplicado es del 10%, lo que implica un ritmo de aumento del 120% anual, tornando insostenible el pago de las cuotas. Este fenómeno se traduce en una cuadruplicación de los plazos de pago, transformando créditos que originalmente se liquidaban en 5 años en financiamientos extendidos a aproximadamente 20 años.
Los créditos UVA, promovidos durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, inicialmente fueron presentados como una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda propia. No obstante, los tomadores de préstamos señalan que los incrementos mensuales actuales superan las actualizaciones salariales, creando una brecha financiera insostenible para la mayoría.
En el ámbito judicial provincial, la Sala Civil, Comercial, Laboral y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial resolvió durante el primer semestre del año en favor de los prestatarios. En un fallo unánime, se concedió una medida cautelar para reformular los pagos de los préstamos UVA, limitando las cuotas al 35% de los ingresos familiares.
Esta decisión se basó en una demanda presentada por dos vecinos de Río Grande, uno de ellos afectado por una discapacidad adquirida después de contraer el crédito. La sentencia destaca el importante déficit habitacional y la escasez de ahorro en moneda local, así como la obligación del Estado de adoptar "medidas de acción positiva" en defensa de la vivienda familiar, según disposiciones constitucionales y tratados con jerarquía constitucional.
El Juez Sebastián Osado Viruel de Ushuaia se sumó a esta línea de decisiones judiciales al limitar la cuota mensual de un crédito UVA al 35% del salario de una mujer demandante, marcando así la primera medida de este tipo en la capital fueguina.
Se especulaba con que el Congreso de la Nación dictará algún tipo de norma que habilité una renegociación integral con quitas de capital en favor de los tomadores de los préstamos, pero hasta el momento el Parlamento nacional no avanzó en ese sentido.
