a Dra. Mariel Borruto, jueza Federal de Río Grande, brindó detalles cruciales sobre un operativo reciente que resultó en la incautación de una cantidad significativa de cocaína. Reveló que, en los últimos cinco años, se frustró el ingreso al mercado de 35 kg de esta peligrosa droga, destacando la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades en la lucha contra el narcotráfico en la región.
Borruto enfatizó la pureza extraordinaria del estupefaciente incautado, señalando que "rondaba entre 80 y 90% de pureza". Al respecto, explicó que, con esta calidad, se podrían generar alrededor de 50,000 dosis, pero advirtió sobre los peligros asociados con la adulteración de la droga, que puede ser desconocida para los consumidores y representar un riesgo grave para la salud pública. En sus propias palabras: "Le agregan algunas otras sustancias, vaya a saber qué le ponen también, se estiran y la gente cuando consume no sabe lo que realmente ingresa a su organismo".
La jueza expresó su preocupación por la creciente presencia de sustancias adulterantes en la cocaína de alta pureza, lo que aumenta los riesgos para la salud de quienes la consumen. Subrayó que "cuando es de alta pureza, más cantidad de otros elementos se le ponen para generar más dosis", evidenciando así un panorama preocupante en el ámbito del narcotráfico.
El procedimiento que llevó al decomiso de la cocaína fue resultado de una investigación exhaustiva dirigida por la Fiscalía Federal en Narcocriminalidad de la provincia. Borruto describió el proceso, señalando que la fiscalía "va haciendo despacito, a lo largo de un par de meses fue siguiendo los rastros para llegar a esto". Destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades judiciales, la fiscalía y las fuerzas de seguridad en la planificación y ejecución de estos operativos.
En cuanto al despliegue operativo, la magistrada detalló la participación de testigos y la intervención de la Gendarmería Nacional para la recolección de la sustancia incautada. Subrayó la necesidad de un análisis profundo por parte de esta fuerza de seguridad para asegurar la integridad del procedimiento y la transparencia en la cadena de custodia de la evidencia.
Borruto también abordó las dificultades para controlar el ingreso de drogas a la provincia, señalando que "ojalá tuviéramos una idea muy clara" sobre las rutas utilizadas por los traficantes. Si bien mencionó el control riguroso en el aeropuerto, reconoció que aún existen desafíos en la vigilancia de otras posibles vías de ingreso.
En cuanto a las modalidades de ingreso de la droga a la provincia, la jueza mencionó la variabilidad de métodos utilizados por los traficantes, desde el contrabando en vuelos hasta la ingestión de pequeñas cantidades de droga en cápsulas. Enfatizó la necesidad de una estrategia integral para abordar esta compleja problemática.
En conclusión, el caso resalta la importancia de una acción coordinada entre las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad para prevenir el ingreso y la distribución de drogas en la comunidad. Asimismo, la jueza Mariel Borruto subrayó la necesidad de políticas de prevención y rehabilitación para abordar las causas subyacentes del tráfico de drogas en la provincia.
