n una conferencia de prensa, Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, abordó la espera de la Corte sobre si las torturas en Malvinas constituyen delitos de lesa humanidad, desde diciembre de 2021.
El caso, que se remonta a 2007, cobró relevancia tras el impacto de la película "Iluminados por el Fuego", desencadenando denuncias ante aberrantes prácticas por parte de varios oficiales en perjuicio de sus propios soldados. Vicente destacó que "en 2015, obtenemos nueva información que sugiere delitos de lesa humanidad". Señaló que las autoridades estaban al tanto y que incluso se emitieron directivas para silenciar las denuncias de los soldados retornados, sugiriendo un encubrimiento estatal.
El secretario del Juzgado Federal explicó que la defensa argumenta que la información de 2015 no es relevante. Destacó los procesos judiciales y las apelaciones que llevaron al fallo de Casación en 2021, anulando los procesamientos y llevando el caso al Superior Tribunal de Justicia.
Respecto al papel de la Corte, Vicente enfatizó que la Corte “no debe repetir nuestro trabajo de más de 40 fascículos y cientos de testimonios, solo debe determinar si es un delito de lesa humanidad". En octubre de 2022, la Procuración General de la Nación respaldó la declaración de los crímenes como tales, instando a la Corte a pronunciarse.
Aclaró que el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas no se convirtió en querellante, sino que se involucró en el diálogo para entender la investigación en curso.
El caso continúa generando debate sobre la naturaleza de los crímenes ocurridos durante la Guerra de Malvinas y la responsabilidad estatal en su encubrimiento, mientras la Corte se enfrenta a la decisión crucial de definir su carácter como delitos de lesa humanidad.
