l Gobierno Nacional envió este jueves al Congreso Nacional el DNU que asigna 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la SIDE.
La norma deberá ser tratada en la Comisión Bicameral Permanente que monitorea los Decretos de Necesidad y Urgencia, que está convocada para el próximo jueves, pero para tratar otros dictados por los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
La asignación de 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la nueva estructura de la SIDE es rechazada por los bloques dialoguistas, además de Unión por la Patria y la izquierda.
La oposición hace cuentas y busca una mayoría para derogar el DNU
En la oposición corre como reguero de pólvora el descontento por el DNU 656 por el que el Poder Ejecutivo amplió en 100 mil millones de pesos el presupuesto de gastos reservados para la nueva SIDE.
El DNU, que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados se encuentra a tiro de la derogación por parte del Congreso, pero no es soplar y hacer botellas.
Primero lo tiene que tratar la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ahora dispone de un plazo de 10 días hábiles (es decir, hasta el 14 de agosto) para dictaminar sobre su validez o invalidez.
Transcurrido ese plazo, y en caso que no haya dictamen, las cámaras tendrán luz verde para abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto”, según el artículo 20 de la Ley 26.122.
Este cuerpo debe analizar la validez o invalidez de cerca de varias decenas de decretos, entre ellos el que fija dispone la reestructuración integral del Sistema de Inteligencia Nacional, disolviendo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y resucitando la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El panorama para el oficialismo es delicado ya que debe defender la ampliación del presupuesto para inteligencia mientras hacia afuera se repite como un mantra que “no hay plata” para nada y se cierran todas las semanas dependencias del Estado nacional.
Pero a su vez el riesgo es mayúsculo porque está en jaque la propia existencia de la nueva SIDE mileísta. De hecho, el comunicado del radicalismo enfatiza varias veces que están en contra de ambos decretos, incluyendo el que crea la nueva estructura de espionaje.
El argumento central de la oposición en su conjunto para desconocer la validez de los decretos mencionados es que de acuerdo a la Ley de Administración Financiera cualquier decisión sobre gastos reservados, y más aún sobre inteligencia, debe pasar necesariamente por el Congreso.
La controversia sucede en momentos en que La Libertad Avanza sigue frenando la integración de la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
