l proyecto de ley que busca promover y estimular la participación de la inversión privada para realización de proyectos de infraestructura, tanto en materia de obras como de servicios públicos, comenzará a ser analizado hoy por los Legisladores que integran la Comisión de Legislación General que preside el oficialista Federico Greve.
La iniciativa, que fuera elaborada por el Ejecutivo y presentado por el bloque Forja en la sesión del pasado 12 de junio, apunta a genera un régimen que permita “promover y canalizar adecuadamente la presentación de iniciativas privadas novedosas, originales y/o aquellas que impliquen una inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica o científica de inversores particulares”.
Los autores del proyecto recuerdan que en Tierra del Fuego ya existe normativa sobre el particular, por lo que resulta necesario y conveniente unificarla en un solo texto que resulta “superador de sus antecesores” ya que recoge la experiencia vivida “a partir de la ausencia de una protección legal suficiente para la inversión privada”. A modo de ejemplo mencionan que por decreto 2550/2006 la Provincia adhirió al régimen nacional de iniciativa privada; que la ley 1062 autoriza al Ejecutivo a contratar mediante el sistema de iniciativa privada, y que por ley 1161 se adhirió al régimen de contratos de participación público-privada.
En el proyecto se postula que para que las propuestas que presenten los inversores particulares resulten admisibles deberán contar con “la identificación precisa del proyecto, su naturaleza y características; el interés público comprometido; las bases de factibilidad y viabilidad económica y técnica; monto estimado de la inversión, de la rentabilidad, fuentes de los recursos y financiamiento (que deberán ser privadas); cronograma de inversiones y de obras; proyección de creación de puestos de trabajo y porcentaje de ocupación de mano de obra local, e identificación, antecedentes y garantías del autor de proyecto”.
Establece que los proyectos de iniciativa privada serán evaluados en cuanto a su factibilidad técnica, jurídica y económica por la “Comisión de Evaluación de Iniciativas Privadas”, que también se crea en la ley y cuya integración será definida por el Poder Ejecutivo, y que los autores de los proyectos de iniciativa privada que sean presentados ante la Comisión tendrán garantizados por 2 años los derechos de autoría, aun cuando no fueran declarados de interés públicos o no se concretara, por la razón que fuere, la adjudicación del proyecto.
En el supuesto de que una iniciativa privada resulte aprobada, la Comisión evaluará otras propuestas que se presenten, pero siempre y cuando mejoren la inversión en más de un 10% respecto de la original. De darse ese supuesto, el autor del proyecto inicial tendrá derecho a igualar la oferta de inversión.
Desde el oficialismo se sostiene que “no puede perderse de vista la parálisis de la inversión en obra pública nacional y el profundo proceso de cambios que se viene gestando en el país”, y que ante ese estado de situación resulta necesario implementar “medidas locales que adapten las instituciones jurídicas existentes al contexto actual, a los fines que podamos continuar sustentablemente con la búsqueda del bien común, en este caso, promoviendo la iniciativa de los particulares para el impulso de actividades de interés público”. Agregan que para ello es “imprescindible la formulación de un nuevo sistema normativo que venga a uniformar, regular y sistematizar la implementación de las iniciativas particulares”.
