ste día, tres pescadores deportivos son atacados a tiros por el guardia de un complejo turístico erigido en la costa de la desembocadura del río Quilquihue en el lago Lolog, en la periferia de San Martín de los Andes.
Según consta en las actas del expediente judicial, “cuando los amigos miraron el puente, Horacio Calderón, guardia de un complejo de cabañas sobre la costa del río, les disparaba con un rifle”. Uno de los jóvenes pescadores, Cristian González, de 31 años, “fue a pedir explicaciones. Se puso las zapatillas, salió al camino y no tuvo tiempo para más. Casi cuando estuvo cara a cara con el agresor, que le gritaba que el río era privado, recibió un tiro en el cuello y murió desangrado” (Maristella Svampa y Enrique Viale. Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo).
El caso tuvo repercusiones y generó un intenso debate sobre la apropiación de las costas de ríos y lagos patagónicos por parte de empresarios turísticos y acaudalados hombres de negocios, en gran parte extranjeros, violando las leyes que establecen que se trata de espacios públicos y de libre acceso a la comunidad. Esto puede consumarse por la complicidad de funcionarios que incumplen la aplicación de las normas establecidas.
Los responsables de la agresión fueron juzgados. “El asesino cumple condena en Neuquén. El dueño de las cabañas, también condenado pero no a prisión, vive encerrado en el mismo complejo, ahora un sitio fantasma”.
La reacción de la comunidad generó que muchos impedimentos impuestos por dueños de cotos de pesca y empresarios turísticos se diluyan y los pescadores pudieron acceder a algunos espejos de agua “sin amenazas latentes”. No obstante, perduraron obstáculos prácticamente insalvables para ingresar a otras costas incrustadas en propiedades de enormes extensiones, como es el caso del lago Escondido y la estancia del magnate inglés Joe Lewis.
El lugar del crimen se convirtió en una especie de santuario y se fundó la “Asociación Cristian González por el acceso a las costas libres de ríos y lagos”, que impulsó el padre del asesinado, quien sostiene que la “riqueza natural de estos bienes comunes, tiene un gran impacto social y es fundamental para el buen vivir de las personas, por lo tanto creemos que el Código debe garantizar el libre acceso, el uso responsable, satisfacer el goce y el uso de interés general y el cuidado del mismo” (op.cit.).
