diferencia de otros servicios esenciales, como salud, energía y recolección de residuos, la educación parece ser el único ámbito donde el acceso a sus servicios puede ser obstaculizado sin mayores consecuencias colectivas, ni responsabilidad asumida por los actores involucrados.
El contraste es evidente cuando situaciones similares son comparadas. En Ushuaia, por ejemplo, los cortes de energía eléctrica rápidamente encienden alarmas entre dirigentes políticos de la oposición, cámaras de comercio y turismo, y una parte significativa de la sociedad. No obstante, las huelgas docentes, que dejan a miles de estudiantes sin acceso al aprendizaje, parecen generar apatía y desinterés generalizado. Esta falta de reacción ante la pérdida de días escolares es alarmante considerando que, más allá de la importancia que tiene la provisión del servicio de energía o de salud, la educación es el pilar fundamental del desarrollo social y económico a largo plazo.
En este contexto, las reivindicaciones del SUTEF, aunque puedan parecer justificables desde una perspectiva salarial o de mejora de condiciones laborales, tienen un impacto negativo directo sobre los estudiantes y sus derechos. Es importante destacar que el sindicato ha logrado significativas mejoras salariales y previsionales, muchas veces apelando sin mayores miramientos a dejar a los alumnos sin educación, lo que genera una desigualdad en la continuidad educativa en favor de las escuelas de gestión privada, que no interrumpen sus actividades.
A nivel internacional, varios países han abordado la problemática de las huelgas docentes a través de normativas que declaran la educación como un servicio esencial. Países de la región como Ecuador, Perú y Uruguay han implementado medidas legales que restringen las huelgas en el sector educativo, reforzando la garantía del derecho a la educación sin interrupciones. Estas iniciativas destacan la importancia de encontrar un equilibrio entre el derecho a huelga y la prestación continua de un servicio tan crítico como la educación.
En nuestra provincia existen antecedentes, aunque lamentablemente nunca se logró avanzar sobre la cuestión.
Mucho es lo que se argumenta sobre que la declaración de la educación como servicio esencial conculcaría el derecho a huelga del sector, y si bien puede ser materia discutible no menos cierto es que existen alternativas que bien podrían desafiar la imaginación, sindical o legislativa, para encontrar un punto medio en el que se limite el daño que la continua pérdida de días de clase implica.
La propia Organización Internacional del Trabajo acepta una condición intermedia al reconocer que el servicio de educación puede ser catalogado como un “servicio público de importancia trascendental”, calificación que si bien no prohibiría el ejercicio de la huelga, sí podría reglamentarla estableciendo la prestación de servicios mínimos, erradicando el eufemismo de la “desobligación”, excusa que en la actualidad se utiliza para precisamente hacer huelga sin llamarla huelga.
En fin, todo ello requiere de trabajo, inventiva, creatividad y real compromiso con la educación, más allá de los remanidos discursos de ocasión y cantitos de cancha.
Por esto mismo, es crucial que la sociedad fueguina reflexione sobre la importancia de priorizar la educación y exigir soluciones que no comprometan el futuro de las nuevas generaciones. La apatía actual solo perpetúa un ciclo de desigualdad y oportunidades perdidas. De allí que, la educación debe ser defendida con la misma fuerza y convicción que otros servicios esenciales, porque ello determinará el futuro de generaciones actuales y futuras, en un contexto social cada vez más exigente y condicionado al acceso a niveles de comprensión y conocimiento que nunca se alcanzarán sin educación de calidad.
