a emblemática causa en la que se investiga a ex directores del Banco Tierra del Fuego por haber contratado un estudio de abogados para regularizar la cartera morosa de la entidad, en 1997, se encuentra frenada desde hace más de un año en instancia de juicio a la espera del resultado de una pericia contable que pidieron en su momento algunos de los defensores de los imputados.
La investigación sobre la denominada "Fuerza de Cobro" ha tenido muchas idas y vueltas. En 2001 el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, presentó en el Juzgado de Instrucción el requerimiento de elevación a juicio. Pero en ese ínterin las defensas de los acusados presentaron sendas nulidades que finalmente prosperaron y la elevación a juicio debió ser reformulada.
El 27 de junio de 2003 la causa finalmente llegó al Tribunal de Juicio en lo Criminal para que se realizara el juicio. Pero el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y los defensores Luis Augsburger y Javier Postolski solicitaron como prueba complementaria que se realizara una pericia contable. Precisamente, el 11 de marzo de 2004 se dispuso la pericia tendiente a definir si el pago que efectuó el BTF al estudio de abogados "Allende, Fenoglio, Frankenthal & Genoud", fue correcto, o bien respondió a una maniobra ilícita.
Para ello, el Tribunal resolvió que la pericia sea efectuada –desinsaculando– contadores elegidos del listado de auxiliares de justicia, o sea particulares inscriptos en el listado. Si bien no trascendió la identidad de los profesionales que tienen a su cargo este trabajo, los mismos pertenecerían a la ciudad de Río Grande. Al parecer, la determinación contable en cuanto a la contratación del estudio de abogados por parte del banco no es cosa fácil, teniendo en cuenta que hace un año y medio que no hay conclusión al respecto.
El hecho
La investigación de la denominada "Fuerza de Cobro" nació luego de que los medios de prensa dieran a conocer en 1997 que el Banco Tierra del Fuego había contratado un estudio de abogados para que efectuaran la cobranza a deudores morosos de la entidad.
La Fiscalía, ejercida en este caso por el doctor Guillermo Mássimi, inició una investigación y cuestionó la contratación del estudio de abogados "Allende & Asociados". Concretamente, se reprochó desde ese ministerio público que se hubiese efectuado una contratación directa –sin necesidad aparente de estos servicios jurídicos– carente de antecedentes que pudieran avalar su idoneidad. Pero además, debido a que el contrato celebrado entre el BTF y el estudio superaba los 2 millones de pesos –dólares en ese momento–, se debería haber realizado mediante licitación pública o concurso. Luego de la modificación del convenio se advirtió la falta de acción por parte de los letrados para efectuar los cobros a los morosos. Y finalmente –según la Fiscalía– se rescindió el contrato pero el banco debió reconocer de manera infundada un pago de 240 mil pesos-dólares a los abogados.
Además, los abogados realizaron convenios de refinanciación sin control ni evaluación previa del riesgo de la operación, lo que denota que el único objetivo, en realidad, era el de la percepción de altísimos honorarios –algo así como 2.281.638 pesos-dólares– por tareas injustificadas y no cumplimentadas.
La Fiscalía imputó del presunto delito de defraudación a la administración pública a los directores: Abel Zanarello, Oscar Edison Mazzuchi, Oscar Alfredo Turza, Luis Amado Visic y Rodolfo Héctor Salas. También la imputación recayó sobre los integrantes del estudio de abogados, resultando procesados Eduardo Segundo Allende, Eduardo Francisco Allende, Adrián Horacio Fenoglio, Pedro Diego Frankenthal y Eduardo Alejandro Genoud.
El día del juicio es incierto, debido a que solamente se puede fijar la fecha una vez que se concluya con la pericia contable.
