E
l presidente del Consejo Provincial de la Magistratura, Gonzalo Sagastume, explicó ayer que la ratificación personal o a través de un mandatario es el primer paso que debe seguir a la denuncia presentada por el abogado Alberto Bovino contra dos jueces y el secretario del Tribunal Oral de Ushuaia, por la presunta falsificación de firmas en expedientes judiciales.
“La denuncia ingresó formalmente y el Consejo ha pedido que el denunciante la ratifique formalmente porque hasta el momento sólo fue presentada a través de un servicio de mensajería”, indicó Sagastume ayer, en dialogo con un periodista de EDFM.
También aclaró que la ratificación es necesaria porque la denuncia hace referencia a una supuesta inconducta funcional, pero también a la eventual comisión de un delito penal.
“Y sería poco serio seguir adelante con una denuncia sin ratificar porque, al haber presunta comisión de delito, hay que considerar también la eventual responsabilidad del denunciante, en caso de que se cometa una falsa denuncia”, deslizó el también titular del Superior Tribunal de Justicia.
En ese sentido, detalló que si, por ejemplo, una “fácil pericia caligráfica” demostrara que las firmas son verdaderas, y que los hechos no son como se ha relatado, entonces “podría existir temeridad o falsa denuncia” por parte del denunciante.
Más allá de esos aspectos, Sagastume mencionó que una vez ratificado el escrito, se remitirá una copia a cada consejero y luego se dispondrá una investigación preliminar, a cargo de la presidencia del cuerpo, que culminará con un informe aconsejando la desestimación de las actuaciones o la prosecución de un jury de enjuiciamiento a los involucrados.
La decisión de continuar o no con el trámite, la toman todos los consejeros con excepción del fiscal acusador, que en este caso es el abogado de Río Grande José Rodas. Si el cuerpo decide seguir adelante, Rodas será el encargado de elaborar su propio dictamen donde realizará la acusación contra los imputados o aconsejará el archivo de las actuaciones.
Un dato relevante es que Sagastume confirmó ayer que la investigación preliminar de la Presidencia puede ser amplia, y por lo tanto incluir desde el pedido de copia certificada de los expedientes judiciales originales (donde estarían estampadas las firmas falsas) hasta disponer de la pericia caligráfica reclamada por el denunciante.
También especificó que aunque uno de los hechos (el que involucra al juez Maximiliano García Arpón) habría sido cometido hace más de diez años (lo que hace pensar en la prescripción de un delito penal) la responsabilidad funcional no expira con el paso del tiempo mientras se continúe ejerciendo la magistratura.
Como juez o como secretario
Siempre en el terreno de las hipótesis, el juez Sagastume planteó ayer una discusión que podría darse en el Consejo de la Magistratura en caso de prosperar la denuncia contra los jueces García Arpón y Jorge Magraner, y contra el secretario Jorge Novarino.
La disyuntiva es si el Consejo tendría o no competencia para juzgar la responsabilidad funcional de un juez, por hechos cometidos en el momento en que desempeñan una función distinta, como por ejemplo la de secretario.
Por ejemplo según la denuncia de Bovino, García Arpón habría dado fe (o habría falsificado él mismo) la firma del ex juez Leandro Álvarez, cuando se desempeñaba como secretario de ese juzgado, una década atrás. Luego ascendió de cargo y ahora es juez del Tribunal Oral.
El Consejo de la Magistratura sólo puede juzgar a magistrados, ya que el desempeño de funcionarios judiciales (como los secretarios) es evaluado por la superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.
“Es una cuestión a analizar si el Consejo tiene competencia sobre la conducta de un juez, cuando los hechos que se investigan fueron presuntamente cometidos siendo secretario, y no juez”, planteó el titular del STJ.
“Por ejemplo, en el caso de García Arpón, el Consejo analizará si cometió una falta, si lo hizo siendo secretario, y si esa supuesta falta se puede traspolar a su accionar como juez”, agregó.
Por su parte en el caso de Magraner, es su propia firma la que habrían falsificado, por lo que la responsabilidad primaría sería del secretario Novarino (por dar fe o por ser el responsable de la falsificación.
Sin embargo, Sagastume admitió que en ese caso no sólo importa si la firma es falsa, sino si el juez “estaba en conocimiento de esa situación”, lo que sí comprometería su desempeño actual.
“Como se puede ver, es un caso con varias aristas y adelantarse sería pecar de prematuro. Es un asunto jorobado. La presunta adulteración de la firma en un documento judicial es un tema grave y como tal debe tratarse con mucho cuidado”, evaluó el presidente del Consejo de la Magistratura.
