epresentantes locales de las entidades sindicales de ATE y CTA presentaron una impugnación ante el Consejo de la Magistratura contra el abogado Gerardo Palacios, al sostener que el ex senador justicialista está sometido a una investigación penal tendiente a determinar el pago de coimas en el Senado tras la polémica sanción de la ley de flexibilización laboral dictada durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
La presentación ingresó ayer por mesa de entradas al Consejo de la Magistratura y fue firmada por el secretario de la CTA, Jorge Portel, y Laura Bello, de ATE. Además de alertar al órgano de una aparente investigación sobre el abogado, recuerdan sus lazos políticos con el justicialismo, principalmente con el ex gobernador Carlos Manfredotti –a quien sucedió en el Senado– y con el actual gobernador Hugo Cóccaro.
Los impugnantes recordaron que Palacios fue uno de los senadores que levantó la mano para votar afirmativamente la denominada ley "Banelco" o de flexibilización laboral el 26 de abril del año 2000. Desde su sanción, se denunció que el gobierno de De la Rúa pagó una coima masiva con fondos de la SIDE a los senadores que votaron la norma.
Los sindicalista sostienen en la impugnación que en febrero de este año el juez Federal Daniel Rafecas ordenó una exhaustiva investigación sobre el patrimonio de 20 parlamentarios que se desempeñaban como senadores en 2000, cuando se votó la polémica ley. Entre los que se dispone la investigación –según consta en el escrito de impugnación– está Gerardo Palacios, candidato a cubrir la vacante en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
El magistrado pretende saber si Palacios y otros 19 legisladores mostraron en el año 2000 un "crecimiento patrimonial desmedido por ingreso de dinero no declarado"; también si realizaron movimiento de dinero o adquirieron bienes, acciones o títulos de empresas.
Si bien aclaran que el actual Auditor General de la Nación no ha sido citado a declarar, sostienen que de resultar designado juez, impediría luego una medida judicial de esas características. "En síntesis, el aspirante a juez en esta provincia, Gerardo Palacios, se halla sospechado por la Justicia Federal de la Capital Federal por haberse enriquecido ilegítimamente mediante el cobro de coimas para votar una ley contra los trabajadores", sostienen.
Otros cuestionamientos
Los integrantes de la CTA enfocaron los cuestionamientos sobre otros aspectos de la carrera política del doctor Palacios. En uno de los párrafos de la presentación, señalan que Palacios, "quien provenía de las filas de Mario Daniele, de quien fuera asesor letrado, había decidido apoyar activamente al precandidato y amigo Hugo Cóccaro", luego de la destitución de Colazo.
Por otra parte, recordaron que Palacios fue el impulsor del proyecto de ley condonando la deuda que por tasa de justicia debía tributar la Provincia con motivo de lo actuado en la causa por pago de regalías hidrocarburíferas. Los impugnantes sostienen que esto fue producto de un acuerdo con el por entonces gobernador Manfredotti para evitar el embargo de las cuentas oficiales por la suma debida, que rondaba los 36 millones de dólares.
Pero recusaron al consejero Virgilio Martínez de Sucre, a quien tildan como el "principal responsable de la creación de esa deuda", ya que en su calidad de Fiscal de Estado "suscribió el acuerdo conciliatorio con Nación ante la Corte Suprema de Justicia" por el juicio iniciado por la Provincia al Estado Nacional en concepto de deudas por regalías petroleras. Mencionan que el proyecto de Palacios benefició a Martínez de Sucre, "al eliminar la posibilidad de que se lo sometiera a juicio político por su negligente actuación en la defensa y presentación de los intereses de la Provincia...".
En el mismo escrito recusaron a la legisladora Nélida Lanzares por ser la esposa del ex gobernador Carlos Manfredotti, indicando que dicho matrimonio "recibió también importantes beneficios políticos del aspirante".
| Impugnación contra candidatos Presentación aparte, los representantes de ATE manifestaron su oposición a que el Consejo proponga la designación al gobernador respecto de cualquier aspirante que se haya presentado al concurso prestando consentimiento al inciso octavo del artículo 28 del reglamento interno. El mismo implica acogerse a las normas provinciales y aceptar los términos reglamentarios del órgano, como por ejemplo aceptar que no se cuestionarán judicialmente las decisiones que se tomen en ese ámbito. |
