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os jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) recién resolverían la medida cautelar presentada por el Fiscal de Estado contra la venta de gas de regalías a Tierra del Fuego, Energía y Química SA la primera semana de diciembre, debido a que se decidió correr vista del hecho nuevo denunciado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano, al todas las partes citadas en el expediente.
La demora en la resolución ahora se debe a que Longhitano denunció como hecho nuevo un requerimiento formulado por la jueza de instrucción penal Cristina Barrionuevo en el marco de la investigación penal iniciada a instancias de una denuncia del abogado Alejandro de la Riva. El Presidente del órgano de control denunció como un "hecho nuevo" que el jueves 5 de noviembre desde el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación se le solicitó al Tribunal que informara, con carácter muy urgente, si habían sido levantada las observaciones formuladas por ese órgano de control al convenio con TFEQ SA el 3 de agosto, y en caso contrario de indique si se analizó el acta acuerdo firmada entre la Gobernadora y la empresa el sábado 1 de ese mismo mes.
Sobre dicha situación, la que en principio tendría rasgos intrascendentes e irrelevantes para la resolución de la cautelar, el Superior Tribunal decidió correr vista al resto de las partes para que tomen conocimiento.
Con dicha decisión ahora se le deberá correr trasladado al fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano, quien ya se expidió sobre la inconstitucionalidad de la ley dictada por la legislatura que permitió la excepción a la ley de contabilidad; al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien impulsa la cautelar; y al propio Poder Ejecutivo, quien defiende la contratación directa de venta de gas de regalías a los chinos.
