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a jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo le ordenó al Gobierno que realice un estudio de impacto ambiental sobre el predio que explota la empresa CAT–MAG en la desembocadura del Río Olivia, tras la denuncia por el presunto robo de arena de la playa y otros daños ambientales realizada por integrantes del Plan Integrado de Manejo Costero.
La decisión de la magistrada es el complemento de otras medidas probatorias mediante las que se busca demostrar si existió extracción de áridos en grandes cantidades y cuantificar el perjuicio económico y ambiental que esa actividad pudo haber generado.
El oficio con la firma de la secretaria de Barrionuevo, Mercedes López Vega, fue derivado al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia, Ariel Martínez, el pasado 8 de julio.
Allí se solicita la realización del estudio “con el objeto de contextualizar la extracción de áridos del sector correspondiente a la playa costera marítima del Canal Beagle de Ushuaia (incluyendo el lecho del Río Olivia) en el sector lindante al predio costero con la desembocadura del río”.
La orden judicial establece que deberán determinarse “el impacto de la actividad desde hace 90 días a la fecha, especialmente en relación a la posible alteración de la costa, playa, paisaje, biodiversidad (flora y fauna) agua y otros componentes o recursos naturales de la zona y todo otro dato de interés”.
Tal como informó ayer EDFM, Barrionuevo también dispuso librar oficios a la Municipalidad y el CADIC–CONICET, para que en colaboración con la División Policía Científica se realice una pericia tendiente a determinar el volumen del árido extraído en la zona y el perjuicio económico si lo hay, entre otros ítems.
El juzgado a cargo de la magistrada ya había dictado una medida anterior paralizando la actividad de CAT–MAG en el predio, en especial el movimiento, extracción y transporte de áridos.
La denuncia presentada por la comisión del Plan de Manejo Costero, llamada Coplam, incluye la presunta sustracción de arena con una retroescabadora que fue fotografiada trabajando en la playa, pero también el supuesto rellenado del terreno con montículos de material sólido (para la eventual creación de una playa de contenedores) y la extracción por bombeo de agua del río Olivia para utilizar en el proceso de filtrado de la arena, lo que además habría producido modificaciones en el cauce del río e inundación de parcelas vecinas.
Un documento reproducido ayer por este medio demuestra que ni la extracción de áridos ni el uso del agua estaban autorizados por el Gobierno provincial.
Sin embargo, uno de los directivos de CAT–MAG, José Catalán Magni, desmintió las irregularidades y sostuvo que el accionar judicial demostrará que la empresa ha actuado de acuerdo a derecho desde el comienzo del emprendimiento en la década del 70.
Catalán le atribuyó a la denuncia móviles políticos para perjudicar la precandidatura a diputado nacional de su hermano Julio Catalán Magni, corredor de autos de carrera. Pero el propio candidato salió ayer a despegarse de la situación al declarar que no tiene ningún tipo de vínculo con la firma comercial cuestionada.
En el mismo sentido se manifestó también el intendente Ushuaia, Federico Sciurano, quien separó al deportista del contenido de la denuncia.
Flojo de papeles
Por su parte la secretaria de Gobierno del Municipio, Patricia Bertolín, fue contundente al señalar que CAT–MAG no tiene “ningún título de propiedad” sobre el predio del Río Olivia, y de esta manera contrarrestó el argumento del empresario acerca de que “no puede devolver un lugar que le pertenece”.
La funcionaria admitió que hasta el momento la empresa constructora se niega a cumplir con la orden municipal de desalojo, aunque sostuvo que se aguarda el desenlace de la causa judicial para avanzar en la recuperación de los terrenos.
Bertolín también ratificó la información publicada por este diario sobre que la firma que explota áridos no cuenta en la actualidad con ningún tipo de habilitación comercial, y por lo tanto no paga tampoco ni canos de uso ni tasas o impuestos municipales.
Según la secretaria, los responsables de CAT–MAG han cercado el lugar con cadenas y candados, lo que impide incluso el ingreso para realizar las pericias que dispuso la Justicia, de lo que se desprende que podrían solicitar en las próximas horas un allanamiento del predio.
“Este hombre (por Catalán) nos tiene acostumbrados a este tipo de actitudes intimidatorias. Su vinculación con un sector político y su cercanía con una ex secretaria de Hacienda del Municipio lo han favorecido con distintas dilaciones, pero esta gestión tiene una política independiente de los nombres propios”, aseveró Bertolín.
