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ste miércoles venció el plazo dado por el Gobierno argentino para que las empresas petroleras británicas que operan en aguas de las Islas Malvinas presenten sus descargos, tras lo cual la Cancillería concretará las “sanciones administrativas” anunciadas y se iniciarán “acciones judiciales”.
De no mediar respuesta y vencido el mencionado plazo legal se comenzarán a aplicarán las sanciones administrativas a cada empresa, en el marco de una resolución dictada por la Secretaría de Energía, atento su condición de clandestinas. Asimismo, se iniciarán acciones penales y civiles”, advirtió la semana pasada la Cancillería en un comunicado.
No está claro cuáles serán las sanciones administrativas que podrían caberles a esas firmas, que en principio no tienen operaciones en territorio continental. El Gobierno agregó que con esta acción “se reafirma la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de defender por todos los medios pacíficos, tanto legales como diplomáticos, nuestros derechos soberanos sobre el territorio nacional así como los recursos naturales que pertenecen al pueblo argentino”.
Como parte del plan de acciones que lleva adelante el Gobierno contra aquellas empresas británicas a las que acusa de llevar a cabo “operaciones ilegales” en las Malvinas, el pasado 17 de marzo funcionarios de la embajada argentina en Londres notificaron a las firmas involucradas.
Se trata de las petroleras Argos Resources, Rockhopper Exploration, Borders & Southern PLC, Falkland Oil & Gas Ltd y Desire Petroleum PLC, las que según informó la cartera que conduce Héctor Timerman fueron informadas “de su condición clandestina y de las consecuencias que ello conlleva” por estar realizando tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
En marzo pasado, la Cancillería comenzó a coordinar un grupo de trabajo con otras áreas del Estado para desarrollar una estrategia legal contra las actividades hidrocarburíferas británicas en las Malvinas, por lo que abrió cinco expedientes administrativos ante la AFIP (DGI y DGA), contra estas mismas empresas. Este grupo de trabajo está conformado por la Cancillería, la Procuración General de la Nación, la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Energía.
ENARSA, en calidad de empresa adjudicataria de las áreas costa afuera y, por ende, de los recursos que se usurpan, se presentará como denunciante y principal damnificado en las acciones judiciales que se iniciarán. Las medidas también alcanzarían a empresas que proveen logística y servicios financieros a las petroleras, aunque en el nuevo comunicado solo se habla de las cinco mencionadas anteriormente.
