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etomando una hasta frustrada pretensión, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un paquete de proyectos de ley que buscan incorporar sustanciales modificaciones a la legislación impositiva vigente, para de esta manera “contribuir al financiamiento del Tesoro de nuestra Provincia con recursos genuinos” y así “asegurar el sostenimiento justo del Estado fueguino”, y que tomarán estado parlamentario en la sesión del próximo jueves 28.
Para el logro de ese objetivo se avanza sobre 4 propuestas normativas diferentes pero con un mismo objetivo, mejorar los índices de recaudación ampliando la base de contribuyentes, gravando actividades que no tributaban y eliminando beneficios.
En ese marco, la primera de las iniciativas propone “el incremento de las alícuotas vigentes el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 1,5% para a mayoría de las actividades y la derogación del régimen de beneficios fiscales conocidos como tasa cero”.
La actividad que se ve alcanzada directamente por la desaparición de ese beneficio es la de la construcción, que comenzaría a tributar una alícuota del 3%. Además, algunas actividades relacionadas verán incrementada sensiblemente la presión impositiva, como por ejemplo la extracción de áridos, la fabricación de ladrillos, elaboración de cemento o la herrería de obra. Pero también se ven alcanzadas por el aumento de alícuota, entre otros, la venta de vehículos y los servicios de mantenimiento y reparación de los mismos; la venta mayorista y minorista de alimentos, bebidas, indumentaria, golosinas, tabaco, y artículos para el hogar, servicios médicos y de transporte en general.
Otros sectores alcanzados por el proyecto gubernamental son los relacionados con la fabricación de productos obtenidos por refinación de petróleo, la fabricación y fraccionamiento de gas comprimido y licuado, la fabricación de agroquímicos y de productos plásticos.
Como fundamento del cambio propuesto se indica que desde octubre de 2011 –fecha de sanción de una de las últimas modificaciones a la ley impositiva– ha variado el escenario económico nacional. “Según datos oficiales, el último Estimador Mensual Industrial publicado por el INDEC en abril de 2012 muestra una estabilización del ritmo de la actividad industrial a nivel nacional que tras años de crecimiento representa estadísticamente una desaceleración de la economía. Ante este nuevo escenario y la necesidad de mantener financiadas las obras públicas encaradas por esta Administración y la prestación de los servicios públicos a todos los fueguinos” resulta necesario incrementar “las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el porcentaje indicado “haciendo que las actividades así beneficiadas vuelvan a tributar a la alícuota correspondiente” y “revisar cada uno de los beneficios tributarios actualmente vigentes, de manera de asegurar el sostenimiento justo del Estado fueguino”.
Inmobiliario rural a valores actualizados
Luego de diversas modificaciones que no lograron –por error o intención– el objetivo de mejorar la recaudación del impuesto Inmobiliario Rural, la gestión Ríos presentó ahora un proyecto de modificación de la ley territorial sobre valuación inmobiliaria, para implementar una nueva metodología de cálculo de las valuaciones fiscales que – en concordancia con los postulados de la ley nacional de catastro– tome en cuenta para la determinación del valor del inmueble “los precios corrientes de mercado de la tierra libre de mejoras”, al que se aplicará un coeficiente de ajuste según “superficie, zona agroecológica, ubicación respecto a recursos naturales, por cercanía a ciudades más próximas y por distancia a Ruta Nacional Nº 3, por el uso de recursos naturales u otros recursos turísticos y otros usos”. De allí surgirá el valor unitario básico para el cobro del impuesto.
El proyecto contempla que, por única vez, para la determinación de la valuación fiscal se tome como “Valor Unitario Básico por hectárea para los Inmuebles de Planta Rural de la Provincia” un precio de 900 pesos “que será reajustado según los coeficientes correctores” antes mencionados. De esta manera se busca que el Estado provincial “recupere la vigencia y niveles de recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural”.
Generalización de Impuestos de Sellos
Si bien en el fundamento del proyecto se menciona que la iniciativa busca restablecer “la mayoría de los supuestos derogados” por la sanción del Pacto Fiscal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del año 1993 y avanzar en el “proceso de armonización tributaria” entre la provincia y las demás jurisdicciones del país, la propuesta de generalizar el Impuestos de Sellos “a todos los actos y contratos onerosos” que se realicen en Tierra del Fuego aparece como la propuesta que más cuestionamientos pueda cosechar tanto en el ámbito parlamentario como a nivel social. Ello por cuanto de aprobarse, se verán gravados con un 6 por mil “las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra” por “compras, cargos financieros, intereses punitorios, cargos por servicios, adelantos de fondos y todo otro concepto incluido en la liquidación o resumen”, y con un 10 por mil los créditos o plazos fijos contratados con o en instituciones regidas por la ley de Entidades Financieras. En este caso “e1 impuesto será exigible a partir del momento en que los intereses se debiten, acrediten o abonen”. Con esta misma tasa se verán alcanzados los “contratos de locación o sublocación de inmuebles” así como los “que instrumenten la locación de servicios y obras – públicas o privadas – sobre tales bienes”.
El proyecto define como contrato “toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por la misma”, entendiendo como tal, y sujeto al pago del impuesto, “aquel que se verifique en forma epistolar, por carta, cable o telegrama, siempre que se verifique”. De esta manera se pretende zanjar a controversia sobre los denominados contratos entre ausentes, tan comunes en la actividad hidrocarburífera.
Vale recordar que en anteriores oportunidades el Poder Legislativo desechó iniciativas similares presentadas durante la primera gestión gubernamental de Fabiana Ríos.
Régimen simplificado
La última de las iniciativas presentadas el viernes pasado, versa sobre la creación de un “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. Según indica el Ejecutivo, de esta manera se busca ampliar “la base de contribuyentes y de cumplidores, simplificando procesos y facilitando el cumplimiento espontáneo tributario”. A tal fin se establecen 8 categorías en función de la base imponible anual (de hasta 50 mil la más baja y hasta 250 mil pesos la más alta) y de la “superficie de la explotación y la energía eléctrica consumida”, determinado en función de estas últimas el monto del impuesto a tributar por categoría.
Cuatro pedidos de juicio político al archivo
La Sala Acusadora de Juicio Político resolvió por unanimidad desechar los pedidos de juicio político presentados contra la Gobernadora, el Vicegobernador y la Ministro de Salud. La decisión fue adoptada ayer por los legisladores Löffler, Del Corro, Martínez Allende, Arcando, Tapia, Siracusa y Liendo.
Los casos que se giraron a archivo fueron las denuncias presentadas contra Ríos por la CGT –por el no pago en tiempo y forma de contribuciones y ley 676– y por Marc Remy –por plaga de castor–; la impulsada por Daniel Vela contra Crocianelli, por el dictado de la resolución que reconoció el pago de viáticos a los Legisladores de Ushuaia cuando viajan a Río Grande y Tolhuin, y el que presentara una enfermera del hospital Río Grande contra la ministro Grieco. |
Interpelaciones para después del receso
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 162 del Reglamento Interno de Cámara, que contempla la posibilidad de que hasta 3 días antes de la fecha fijada para la exposición oral del funcionario a ser interpelado, este podrá entregar por escrito a la presidencia “una minuta, a los fines del mejor ordenamiento o abreviación de su exposición oral”, los legisladores de la oposición habrían resuelto postergar hasta el jueves 26 de julio la convocatoria a sesión de los ministros de Salud y de Obras Públicas. |
