E
l Tribunal de Cuentas de la Provincia, a través de la Auditoría Fiscal y la abogada actuante, emitió el informe contable Nº 216/13, el cual reviste el carácter de informe final en el marco de la presentación efectuada por la entidad sindical de APEL (Asociación del Personal y Empleados Legislativos) para que se investigara dentro del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, incumplimientos al procedimiento y plazos previstos en la Ley provincial Nº 141 de Procedimientos Administrativos.
En ese contexto, la investigación tenía por objeto constatar si de acuerdo a los expedientes judiciales detallados en la denuncia, en conceptos de amparo por mora y medida cautelar, el Concejo Deliberante de Ushuaia hubiera efectuado los pagos indicados en las respectivas sentencias judiciales, y confirmado el hecho, si los mismos se han originado en incumplimientos al procedimiento y plazos administrativos previstos en la ley 141 y la consecuente determinación del perjuicio fiscal provocado.
En el informe se detalla que “conforme las normas citadas precedentemente, y en base a los antecedentes obrantes en autos, se puede colegir que del perjuicio fiscal constatado, consistente en las sumas que el Concejo Deliberante ha debido abonar en concepto de costas judiciales por los amparos por mora, honorarios y medida cautelar, resultarían responsables el Presidente del ente Damián de Marco y el vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia, Mario Llanes, por no resolver en tiempo y forma los reclamos incoados por empleados del organismo”. Y en otro párrafo señala que “los mencionados funcionarios fueron quienes a la postre han puesto fin a los procesos administrativos a través del dictado del acto administrativo pertinente”.
Lo que resta es la determinación que pudiera llegar a tomar el TCP cuando se reúna en Plenario para analizar esto, ya que también se ha solicitado la información al Municipio, para verificar si se habían publicado los actos administrativos en el Boletín Oficial Municipal, cuestión que nunca se llevó a cabo, según la respuesta del jefe de departamento del BOM, en su respuesta al TCP, mediante la nota 004/2013.
Con respecto a este tema, el secretario General de APEL, Raúl Salinas, manifestó que “esta es una de las cosas graves que están ocurriendo dentro del Concejo Deliberante, pero hay otras mucho más graves como las agresiones entre los trabajadores y que nosotros por nuestra parte vamos a llamar a la reflexión a las autoridades y trataremos de solicitar una audiencia para retomar la senda del diálogo y que no siga avanzando la agresión física como se ha dado en los últimos días. Me parece que llegamos a un punto donde todas las partes deben reflexionar, porque esto no da para más y pueden pasar cosas muchísimas más graves que podríamos lamentar”.
