&
iquest;Por qué hay quienes impulsan una reforma al sistema de selección y remoción de jueces en la provincia?
La respuesta a esta pregunta puede deducirse de una rápida recorrida por los principales escándalos en que se ha visto involucrado el Consejo Provincial de la Magistratura a lo largo de sus veinte años de historia de funcionamiento institucional.
El actual presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Julián De Martino, minimizó esos antecedentes históricos durante la exposición que realizó el último martes ante el Consejo Económico y Social (CEyS) donde se debate un proyecto de modificación del sistema de elección de magistrados impulsado por el Gobierno provincial.
De Martino aludió al “caso Pesclevi”, que había sido mencionado en un encuentro anterior por el periodista de EDFM Gabriel Ramonet, como una situación aislada dentro del concierto de nombramientos del Consejo durante los últimos años.
Por ello, este medio recopiló los principales casos que se hicieron públicos a lo largo de la historia del organismo dedicado a la selección y remoción de jueces, y los ordenó en un ranking que, aunque incompleto, busca mencionar apenas los principales antecedentes que han crecer la necesaria idea de una reforma institucional.
Puesto número 1
Sandra Pesclevi
Fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura como jueza penal de Río Grande el 14 de julio de 2003. Pero el 6 de agosto de ese año, fecha prevista para su jura, no pudo llegar a la ceremonia ni temprano ni tarde. Tenía un pequeño problema: estaba presa en Buenos Aires, vinculada a un caso de corrupción.
La mujer había sido detenida por orden del juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atensio, en una causa que también involucró a otros dos imputados, Hernán Di Biassio, esposo de la ex secretaria de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, y al comerciante Edgardo Latorre, un amigo de Di Biassio. Los tres fueron acusados del presunto pedido de una coima de quince mil pesos a un abogado de La Plata para trabar un sumario en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de amparos contra el denominado corralito financiero.
El Superior Tribunal fueguino tuvo que suspender la jura de Pesclevi y en su lugar asumió Héctor Ochoa, todavía hoy juez provincial. La mujer fue finalmente desvinculada de la acusación, pero nunca pudo jurar como magistrada de Tierra del Fuego.
El caso demostró con máxima crudeza la falta de control de los antecedentes de un postulante a juez, y la liviandad con que se pasan las distintas etapas de evaluación. Por ejemplo, en el caso de Pesclevi, fue una ONG la que descubrió que la candidata había compartido un doctorado con la actual jueza del Superior Tribunal María del Carmen Battaini y la abogada Norma López, ex pareja del entonces también miembro de la Corte fueguina, Ricardo Klass.
Puesto número 2
Luis Ricca
El actual sistema de selección de jueces de Tierra del Fuego permitió el nombramiento de Luis Felipe Ricca como juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, el 7 de marzo de 2001. El Consejo de la Magistratura jamás indagó en las decenas de artículos periodísticos publicados por la prensa brasileña y argentina sindicando al nuevo magistrado como testaferro de Paulo César (PC) Farías, el empresario asesinado en 1996 que poseía fuertes vinculaciones con el narcotráfico, la mafia y el lavado de dinero.
En Tierra del Fuego, Ricca había sido defensor del ex diputado nacional por el MPF y hoy Camarista Civil Ernesto Loffler, mientras que su socio había defendido al ex senador del mismo partido Ruggero Preto en la causa Hifusa (Hidrocarburos Fueguinos SA.
Ante la revelación de sus lazos con la mafia brasileña, Ricca renunció al cargo el 27 de noviembre de 2001. Reapareció unos años después como abogado del ex gobernador Jorge Colazo en su proceso de destitución y como defensor de funcionarios acusados de corrupción.
Puesto número 3
Mario Robbio
Fue juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia tras haber sido recomendado por un alto jefe de la Armada al ex gobernador Carlos Manfredotti. Los integrantes del Consejo de la Magistratura no encontraron reparos en su participación como funcionario del gobierno durante la última dictadura militar, a pesar de que admitió haber sido integrante de la Secretaría de Información Pública y uno de los directores del intervenido canal 13 de televisión en la época en que se acuñó el famoso slogan “los argentinos somos derechos y humanos”.
Su relato ante los consejeros, filmado y hecho público, es una pieza de colección acerca de las barbaridades que permitió (y permite) el actual sistema de selección de jueces: “Un amigo de mi padre me dice: porqué no entrás en la Marina, vos no podés quedar sin una asignación fija, están las épocas muy difíciles. Y yo le digo: me voy a arreglar, me he arreglado siempre, voy a batallar y voy a trabajar en lo que sea. Bueno, ahí me citaron e ingresé en el ‘70. Después vino el golpe militar del ‘76, yo era abogado de la obra social de la Marina y como tenía dos o tres conocidos me dijeron: bueno mirá, hay un cargo acá y necesitamos una persona que conozca de este tema”, explicó Robbio su paso por el gobierno militar.
Robbio renunció en 2007 para jubilarse, evitando que prosperaran varios pedidos de jury en su contra. El actual Gobierno fue cuestionado por no impedir esa jubilación derogando el decreto que había dictado el ex gobernador Hugo Cóccaro. La gobernadora Fabiana Ríos argumentó que la aceptación de la renuncia era un derecho adquirido.
Puesto número 4
Ricardo Klass
Igual que el caso de Mario Robbio, su designación fue adelantada por medios periodísticos cuatro meses antes de su nombramiento, lo que de por sí demuestra la falta de transparencia de los mecanismos de selección utilizados por el Consejo de la Magistratura. Ese proceso fue definido por el titular de Participación Ciudadana, Guillermo Worman, como un “fraude actualizado” ya que “el Consejo de la Magistratura estaba integrado por un miembro menos que lo señalado en la Constitución, uno de los candidatos no debería haber participado de la votación final, las entrevistas no fueron valoradas y se dice que los postulantes hicieron un escrito que nadie vio y nadie controló. El concurso estaba diseñado para que ganaran los que ganaron o personas con antecedentes similares”.
Por supuesto el Consejo no detectó que Klass había sido sancionado por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal por “amenazar” a dos camaristas federales con iniciarle un jury cuando era Secretario de Justicia del menemismo.
Las demás acciones de Klass mientras ejerció su cargo no son imputables al método de selección pero sí son su consecuencia. Klass llenó a la Justicia de amigos y allegados, manejó el Poder Judicial a discreción, y renunció en medio de un escándalo cuando intercambió favores con la gestión del ex gobernador Jorge Colazo, mantenido en el cargo en medio de su proceso de jury por un fallo de Klass, al mismo momento en que el colacismo nombraba a Norma López, pareja de Klass, como directora del Banco de Tierra del Fuego.
Puesto número 5
Javier De Gamas Soler
El actual juez penal de Ushuaia fue seleccionado por el Consejo de la Magistratura provincial como secretario de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones y luego al frente del juzgado que hoy dirige sin que ninguno de los consejeros evaluara sus antecedentes como secretario del ex juez Juan José Galeano en la investigación por la voladura de la AMIA. Las irregularidades en ese proceso no sólo determinaron la destitución de Galeano, sino que motivaron la formación de una causa donde se mencionan evidencias que vincularían a De Gamas con el pago 400 mil dólares al acusado Carlos Telleldín para que a su vez imputara a un grupo de policías. Esa investigación no está cerrada y acaba de reactivarse.
Puesto número 6
Javier Muchnik
El procedimiento mediante el cual el Consejo de la Magistratura seleccionó al actual juez del Superior Tribunal de Justicia, Javier Muchnick, fue escandaloso de principio a fin. Primero y principal porque uno de los consejeros, el actual ministro jefe de gabinete, Guillermo Aramburu, no quiso apartarse y de hecho votó a favor del candidato Muchnik a pesar de que su socia en un estudio jurídico de Río Grande es la hermana del ahora juez de la Corte. En segundo término porque la selección de Muchnik se conocía de antemano, lo mismo que ocurrió en los nombramientos más escandalosos de la historia judicial fueguina. Y además, porque todo ello tuvo lugar durante la gestión del ex ARI, es decir aquella que había ejercido una reivindicación histórica (en tiempos de oposición) sobre las formas transparentes de los mecanismos para elegir jueces.
Por lo demás, la gobernadora Fabiana Ríos acuñó para este caso su conocida frase “mi ética no es la de mis funcionarios”, en alusión al papel del ministro Aramburu, que no le alcanzó para despegarse de la situación, pese al decreto que estableció una audiencia pública previa a la designación del postulante.
Puesto número 7
Tomás Hutchinson
El del catedrático administrativista, co redactor del régimen de jubilación anticipada de jueces en 2000, es uno de los ejemplos de escándalos por omisión del Consejo de la Magistratura. Es que Hutchinson ejerció el cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, e incluso integró el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, sin que nadie le cuestionara un pequeño detalle: no vivía en la provincia.
A pesar de que el artículo 147 de la Constitución le exigía residencia “en la ciudad sede de sus funciones”, Hutchinson tenía domicilio declarado en “Chacabuco 1335, Vicente López, provincia de Buenos Aires”. Cuando inició su trámite de jubilación, y tuvo que certificar su domicilio en la provincia, el ex juez no tuvo más remedio que exhibir facturas de la empresa Lodave SRL, propiedad del Hotel Ushuaia, de donde surge que ocupaba regularmente la habitación 210. En las facturas se lo identifica como “el pasajero Hutchinson”. Cuando le cuestionaron esta circunstancia, el ex magistrado argumentó que “a lo sumo, tengo dos residencias”.
Por supuesto, el Consejo de la Magistratura nunca pensó que era una causa de reproche o que mereciera una investigación por presunto mal desempeño.
Puesto número 8
María Rosa Ayala
Fue jueza de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de la provincia hasta 2005, en que la designaron integrante del Superior Tribunal de Justicia de Salta, lugar de donde había venido a Tierra del Fuego merced a su contacto con el ex miembro de la Corte fueguina, Omar Alberto Carranza.
Cuando el Consejo de la Magistratura la seleccionó para ser camarista, nunca se ventiló su relación con el denominado “Saltagate”, acontecido en 1988, pocos años antes de su paso por tierras australes.
Jamás le preguntaron sobre la grabación telefónica donde se escuchaba conversar al ex presidente del Superior Tribunal salteño, Luis Adolfo Saravia, con el entonces diputado Emilio Cantarero (sí, el futuro senador de las coimas en el Senado). En esa charla, Saravia hablaba de “tener un juez de confianza” en una demanda iniciada contra una empresa allegada al poder político de la provincia. Ayala, quien por entonces se desempeñaba como prosecretaria de la Corte salteña, era mencionada en la conversación: “Te quería señalar que la chica Ayala es muy bien, pero guarda, que es muy lenguda e indiscreta”. Después, un abogado de la empresa demandada, Javier Lovaglio, admitió que Ayala le brindó asesoramiento jurídico para contestar la demanda. Es decir que la secretaria letrada de la Corte le indicó al abogado de una de las partes en litigio cómo se tenía que defender en el juicio que tramitaría ante el tribunal del que ella formaba parte. Tras el escándalo, la Corte salteña inició sumarios que quedaron en la nada y Ayala fue elegida magistrada fueguina sin que el sistema de selección de jueces detectara estos pequeños detalles en sus antecedentes.
Puesto número 9
Héctor Reynaldo Yarade
El sistema de selección de jueces de la provincia nunca fue capaz de detectar que cuando lo nombraron juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia, en 1994, este abogado salteño tenía una jubilación de privilegio de 3.413,29 pesos mensuales de la época, otorgada a la edad de 26 años. Después, en el año 2000, fue protagonista de un sospechoso intercambio de favores. Como ya tenía una jubilación, no podía acceder a la anticipada y obligatoria establecida por la gestión del ex gobernador Manfredotti. Pero el 2 de mayo de 2000, firmó un fallo que sobreseyó a cinco legisladores justicialistas. Y al día siguiente, Manfredotti firmó un decreto señalando que los que tenían jubilaciones anteriores, podían optar por elegir la que más les conviniera.
El Consejo de la Magistratura, además, tenía un proceso pendiente contra Yarade, por la liberación de unos presos en condiciones irregulares. Sin embargo, la investigación se tornó abstracta con la jubilación del camarista. En marzo de 2002 se comprobó que Yarade cobraba las dos jubilaciones a la vez, la salteña y la fueguina.
Puesto número 10
Luis Alberto Boschero
Hay mucho para decir de este ex juez Civil de Ushuaia desde 1994, también de origen salteño, que después pasó al Tribunal de Cuentas de la provincia en 1999, y que se acogió a la jubilación anticipada y luego pretendió arrepentirse de su renuncia cuando la gestión manfredotista estableció un “tope” a los haberes jubilatorios. Pero a los efectos de esta mención basta señalar que cuando llegó a la provincia ya tenía una jubilación otorgada a los 46 años. No la cobró en forma simultánea con su sueldo de juez, pero sí lo hizo cuando pasó al Tribunal de Cuentas, logrando, incluso, el pago de un retroactivo.
El Consejo de la Magistratura de la provincia que lo seleccionó no fue capaz de advertir una incongruencia que surge de la simple lectura de su currículum. Según declaró, Boschero, tuvo su primer trabajo a los 18 años, como empleado de la Municipalidad de Tolar Grande, un pequeño pueblo salteño del departamento Los Andes, donde en 1991 sólo habitaban 237 personas y pasaba el famoso Tren de las Nubes. Pero Boschero fue empleado municipal entre el 1 de junio de 1962 y el 1 de febrero de 1970. Teniendo en cuenta que se recibió de abogado el 25 de octubre de ese mismo año, a los 25 años de edad, resulta difícil explicar (carreras a distancia de por medio) cómo hizo para ir a trabajar todos los días a Tolar Grande mientras simultáneamente estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba.
