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uatro familias continúan la toma de un predio fiscal en el sector conocido como “Antiguos Leñadores” en el valle de Andorra, y el Municipio y la Justicia buscan una solución pacífica a esta situación.
Como se recordará, durante la madrugada del domingo pasado, y en cuestión de horas, se levantaron prácticamente de manera simultánea cuatro precarias casillas, confeccionadas con plásticos, troncos de la zona, chapas y demás materiales ligeros. Además el Municipio informó que “inmediatamente introdujeron a niños en las construcciones, impidiendo la labor de la Municipalidad para la preservación y recuperación del espacio que se halla afectado al anteproyecto de urbanización de los asentamientos de la zona”.
La información oficial indica que el Municipio denunció que “un grupo organizado de personas de ocupar una superficie del bosque con 10 familias” y que durante la orden de desalojo “pudo observarse el apoyo e instigación de otras personas que alentaban el uso de los niños para sostener y afianzar la ocupación clandestina”.
El Municipio continúa explicando que “el mismo domingo se dio intervención a la Policía solicitando, en dos oportunidades, que tome todas las medidas tendientes a brindar seguridad para que el Municipio ejerza su poder de Policía Municipal y a la Justicia Penal en razón de advertirse la comisión de varios delitos por las personas que intervinieron”.
“Mientras el Municipio aguardaba las respuestas de los organismos intervinientes y durante los siguientes días, personal de Desarrollo Social, Promoción y Derechos Humanos realizó relevamientos e intervenciones adecuadas a las necesidades de cada una de las familias instaladas persuadiéndolas de que abandonen el espacio público y cese el riesgo al que están expuestos los niños por parte de los adultos”, indicó.
Recordemos que en el lugar se encuentran 4 familias compuestas por 8 mayores y 12 menores.
Días después y con una orden de desalojo en las manos personal policial realizó un cordón lo que avivó los enfrentamientos entre los presentes, la policía y los funcionarios.
La legisladora Amanda del Corro (PSP) se presentó en la zona motivada por tensa situación ante un intento de desalojo municipal de 4 familias que ocupan ilegalmente un predio fiscal. Aseveró que se prohibió el avance de alimentos, por parte del Municipio, por lo cual “para mí no es una estrategia de desalojo, es una manera de pensar, si se somete a hambre para que las personas cedan, es una ideología”.
En Radio Nacional Ushuaia, la parlamentaria explicó que se llegó al lugar porque “venía siguiendo la información de lo que acontecía. Es muy difícil responder a algún vecino que llama, algún medio que se interesa o al propio Ejecutivo Provincial, si uno no está en el lugar”.
“Acordamos un impasse, lo cual fue mi pedido” al secretario de gobierno municipal Oscar Rubinos “para aflojar la situación; estaban los vecinos muy enojados, la fuerza policial de otro y en el medio familias con 12 niños, además las condiciones de vida porque estábamos parado en una turba con lluvia y sabemos que esas casas no tienen ni baño”.
“Soy consciente que la usurpación es una acción irregular pero también lo soy de la necesidad de que esa gente está anotada hace años en un registro de tierras y no recibe solución habitacional o no puede pagar un alquiler”, remarcó.
“Es cierto que la población creció, pero no estoy justificando la toma de tierras. La solución habitacional es una responsabilidad del estado de gobierno y Municipio, hay una deuda habitacional pero no se puede tomar lo que no corresponde”, analizó.
Tras llegar a un acuerdo
Usurpan una casa en las 60 Viviendas y luego la desocupan
Una pareja con dos hijos finalmente desocupó este martes por la noche una vivienda utilizada como casa de servicio del Gobierno de la Provincia que se encontraba vacía, en las 60 Viviendas a metros de las oficinas de la Comisaría de Familia y de la Secretaría de Derechos Humanos.
Según informó el portal Shelknam Sur la familia ocupaba el lugar desde hace 3 semanas. La situación se complicó cuando la mujer debió salir con una de las criaturas al Hospital Regional y luego le negaron el ingreso, dividiendo a la familia.
Horas más tarde y tras varias horas de negociaciones, la familia acordó marcharse del lugar quedando alojados durante un mes en un hostel de la ciudad. Además, habrían recibido una suma cercana a los 5 mil pesos para abandonar el lugar.
Cabe destacar mientras sucedió este hecho no se acercaron funcionarios de primera línea del gobierno de la provincia, inclusive la legisladora Amanda del Corro en esta oportunidad no intervino, como si lo hizo la semana pasada ante la usurpación del Valle de Andorra. |
