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a Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Germán Gualdesi, uno de los condenados por el escándalo de las Letras de Tesorería, debido a inconvenientes en su salud que no fueron detallados oficialmente pero que habrían motivado una intervención quirúrgica.
El caso de Gualdesi se suma así al del ex ministro de Economía Raúl Berrone, condenado en la misma causa y autorizado a cumplir la pena en su domicilio como informó este medio ayer.
Por otra parte, la de Gualdesi y la de Berrone no serían las únicas situaciones similares. El abogado del ex ministro, Félix Santamaría, confirmó que en las próximas horas presentará un recurso para obtener la prisión domiciliaria en favor de Horacio Medone, también sentenciado en el escándalo de las Letras, quien al parecer se encuentra afectado por una enfermedad respiratoria crónica.
Sobre el estado de salud de Gualdesi, fuentes judiciales dijeron que la autorización para instalarse en su domicilio fue concedida antes de la feria judicial de invierno, y que deviene de una práctica médica realizada en el Hospital (se trataría de una punción lumbar) de la cual se encontraría en proceso de recuperación.
Sin embargo, la psicóloga María Inés Jarowsky, quien dijo que se desempeña como planta permanente del Servicio Penitenciario desde hace siete años, mencionó el caso Gualdesi como un ejemplo de los “privilegios” que tienen algunos internos respecto de otros.
“Hay internos que tienen privilegios desde hace muchos años. En cuanto a Gualdesi, cómo puede ser que tenga prisión domiciliaria por problemas de salud, mientras hay otros internos que también tienen problemas y hasta se tienen que sacar sus propios turnos médicos”, cuestionó la única psicóloga que tiene trato con los presos.
En ese sentido, mencionó que “la ley tiene que ser pareja para todos”, y calificó estas situaciones de presunta desigualdad como “aberrantes”.
Incluso Jarowsky profundizó su denuncia pública al sugerir que aquellas personas que cuentan con dinero suficiente, “pagan para que se simule un estado de salud”.
¿Se habla entre los internos de cuánto cuesta el acceso a este tipo de beneficio”, le preguntó EDFM. “No tengo la cifra, pero te la puedo averiguar”, respondió la profesional.
“Hay otros casos de internos con problemas de salud que pidieron el mismo beneficio (la prisión domiciliaria) y se les negó. Esto es un viva la pepa. Es una locura estar en un establecimiento carcelario sabiendo que mi compañero también condenado está en la casa. Si yo fuera una interna, estaría incendiando todo, perdóneme que lo diga así”, insistió Jarowsky y agregó que “estas cosas se tapan y por eso nunca llegan a investigarse”.
El baño del hotel
Las menciones de la psicóloga del Servicio Penitenciario a la situación de Germán Gualdesi fueron realizadas en el programa de radio Va de nuevo, de FM Centro, durante una nota que tenía como contexto los múltiples problemas edilicios y de infraestructura en los distintos lugares de detención en la ciudad.
A propósito de ello, Jarowsky denunció que carece de un lugar físico para entrevistarse con los reclusos, ni una oficina ni un escritorio, y que muchas veces se ve en la obligación de trabajar en los pasillos de los edificios anexos.
“Para ir al baño, a veces tengo que decidir entre ir hasta el Hotel Las Lengas (próximo al Anexo de la calle Goleta Florencia) o ir hasta la oficina policial de la esquina (de Olegario Andrade) porque ahí hay un solo baño para más de veinte internos”, relató la profesional.
También dijo que la construcción “no reúne las mínimas condiciones de seguridad para alojar personas. No hay espacio, no hay estructura ni previsiones para casos de contingencia como un incendio”.
Según Jarowsky, “el Poder Judicial ya conoce esta situación desde hace muchos años porque así se ha hecho constar en innumerables informes”.
“A mí me da vergüenza. Cuando los internos me lo plantean yo les digo que tienen razón. Qué les voy a decir”, contó la licenciada.
Fuentes judiciales indicaron ayer que autoridades del Servicio Penitenciario ya habrían notificado a la profesional del inicio de un sumario administrativo para que aclare el tenor de sus declaraciones.
