E
l Consejo Provincial de la Magistratura analiza una denuncia por presunta “mala conducta” contra dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, presentada la semana pasada por el abogado de Buenos Aires Alberto Bovino y vinculada con la supuesta falsificación de firmas en expedientes judiciales.
El caso involucra a los jueces Roberto Jorge Magraner y Maximiliano García Arpón, aunque también al secretario del mismo tribunal, Jorge Novarino.
Bovino es el defensor de Félix Donamaría, el ex Contador General de la provincia en el último semestre de la gestión gubernamental de Carlos Manfredotti y condenado a prisión en el marco del denominado “Escándalo de la Contabilidad Paralela”.
El letrado reveló haber accedido a los expedientes con las presuntas firmas falsificadas durante el ejercicio de la defensa de su cliente, quien continúa detenido a pesar de varios planteos rechazados por la Justicia en los que se requirió su libertad.
Según el detalle de la denuncia, a la que accedió este medio, el caso de García Arpón se remonta a cuando se desempeñaba como secretario del ex juez de instrucción de Ushuaia, Leandro Álvarez, una década atrás.
La que aparece como supuestamente apócrifa en un escrito judicial (por lo menos) es la firma del ex juez Álvarez, por lo que la inconducta de García Arpón consistiría en haber dado fe (ya que su propia firma aparece abajo en el escrito) de la firma falsa, si es que ello se confirmara a través de una pericia caligráfica. La denuncia también requiere que se investigue si no fue el propio García Arpón el que imitó la rúbrica del ex magistrado.
Por otra parte, en el caso de Magraner, fue presentada con la denuncia, copia de un oficio donde su firma difiere a simple vista de la estampada en otros escritos judiciales. De ello se desprende que Magraner no está acusado de falsificar una firma, sino que le habrían falsificado la firma a él. De todas maneras, la denuncia requiere que se investigue si el juez estaba en conocimiento de la situación. Y también se pone en tela de juicio el accionar del secretario Novarino, quien no solo da fe de una firma que sería falsa, sino que se sospecha (por su parecido) que él mismo podría ser el autor de la rúbrica apócrifa.
Fojas y firmas
La presentación de Bovino menciona, en principio, la causa judicial Nº 1219, caratulada “Molina Santander Ramón Nicolás y otros sobre peculado”. Molina Santander es otro ex funcionario manfredottista acusado de corrupción.
En una declaración testimonial tomada en esa causa, aparece la firma del ex juez Álvarez y la de García Arpón, en la foja 237. Lo mismo ocurre en otra actuación a fojas 301.
Pero unas páginas después, a fojas 454, luego de una declaración del ex ministro Julio Del Val, aparece una firma de Álvarez diferente a las demás (al menos eso parece a simple vista). García Arpón da fe de esa firma en la parte inferior de la hoja. Una situación similar, aunque más difícil de afirmar con sólo verla, aparece a fojas 468, en la resolución de sobreseimiento de Del Val.
El caso de Magraner es más actual. Se refiere a un primer oficio fechado el 6 de julio de 2010 en la causa número 1336/10 caratulada “Donamaría Félix Victorio y otros sobre peculado”.
Según la denuncia, allí se verifica el cumplimiento de los requisitos de la investigación y se convoca a las partes a juicio. Firma Magraner y el secretario Novarino a fojas 1587.
Después, el 7 de julio del mismo año, el tribunal cita al proveedor Juan Demasi a través de un oficio dirigido a un juez de Santa Cruz para que el comerciante comparezca a juicio. Y firman las mismas personas a fojas 1588. Lo mismo ocurre en un nuevo oficio dirigido a un fiscal de San Isidro para que convocara a comparecer a José Merlino, ex secretario de Hacienda de Manfredotti, a fojas 1589. Pero entre la primera firma y el resto hay diferencias notorias. Incluso la del juez se parece mucho a la del secretario.
“No hay razones para no investigar”
El abogado Bovino considera que los hechos denunciados son “muy graves” aunque “de muy fácil comprobación”, por lo que le requiere a los miembros del Consejo de la Magistratura un simple peritaje caligráfico.
“Con esta escasa actividad investigativa, el Consejo estará en condiciones de decidir correctamente sobre los hechos objetos de la denuncia. Hay razones suficientes para hacer esta investigación, y no hay razones para no hacerlo”, afirma el abogado.
Si se comprobara la falsificación, el letrado opina que estaríamos ante la presencia de un “incumplimiento de los deberes de funcionario público y mala conducta”.
Por ello, estima que en ese caso los jueces “deberán ser apartados de la función con las que se los ha honrado, y las instituciones provinciales aumentarán su prestigio y legitimidad ante la población”.
En cambio, “lo peor que le podría pasar a las instituciones es que estos hechos no se investiguen”, razona el abogado en el escrito de denuncia.
