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a Justicia se negó a investigar al ex gobernador Carlos Manfredotti y al ex vicegobernador Daniel Gallo en la causa principal que analiza el escándalo con la empresa fantasma Glisud SA, aunque ambos ex funcionarios siguen imputados en el expediente paralelo que investiga el presunto delito de lavado de dinero, confirmaron a este medio fuentes judiciales.
Glisud es la compañía fundada por dos ancianas indigentes y cuya sede era un prostíbulo de Buenos Aires que se conformó para apropiarse de los créditos y de las propiedades que administraba el Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, con la presunta complicidad de las autoridades de la época.
El ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo, Néstor Sierra, y los integrantes de la empresa Enrique Pinto, Graciela D´adamo y Francisco Grondona fueron procesados en doble instancia por la operatoria en que Glisud se quedó con tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público llevado a cabo el 30 de diciembre de 2002.
La Justicia demostró que la compañía pagó por la cesión de los derechos sobre esos préstamos, con 1,4 millones de bonos defaulteados tomados a valor nominal, desechando otra oferta en efectivo y “perjudicando así al Estado provincial”, según puede leerse en la acusación fiscal.
Además, el concurso estuvo repleto de irregularidades. No se fijó una base, no se le notificó a los dueños de las propiedades y Glisud no realizó el depósito de garantía del 10 % de la oferta.
No solo eso. También se comprobó que la oferta presentada por D´adamo era falsa, tanto en su firma como en el número de su documento, por lo que de allí se desprendió que había sido confeccionada en las oficinas del Fondo Residual.
El juicio oral y público por esta causa ya tiene fecha de realización: será en septiembre de este año después de una serie de dilaciones por controversias procesales.
Sin embargo, el Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi y el fiscal Eduardo Urquiza, formularon en 2015 un nuevo requerimiento de instrucción en el que solicitaron investigar a otras personas por la misma maniobra.
Es allí donde los fiscales avanzaron sobre la hipótesis de que Glisud, en realidad, se habría constituido “con el objeto de ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios”. Y que uno de ellos sería el ex vicegobernador Gallo.
En ese contexto mencionaron que Pinto era empleado de Gallo en la Legislatura en el momento en que se cometieron los presuntos ilícitos (y también fue su asesor cuatro años en la Cámara de Diputados).
Por su parte D´adamo fue contratada de Gallo en la Legislatura y luego en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) mientras que Melina Solari (vicepresidenta de Glisud e hijastra de Pinto) fijó su domicilio en una propiedad que en esa época pertenecía a Gallo.
“El estrecho vínculo entre estas personas con Gallo también surge de los contactos telefónicos que entre ellos se ha detectado en otro proceso judicial”, afirmaron los fiscales.
Manfredotti aparece ligado al caso en función de uno de los créditos adquiridos por Glisud, el Nº 74 cuyo deudor hipotecario era Abel Zanarello, propietario de un inmueble situado en la calle Alem.
Por un lado, Zanarello le alquilaba ese lugar al matrimonio Manfredotti para que funcionara una Unidad Básica, hasta que en 2007 los inquilinos no solo se negaron a seguir pagando el alquiler, sino que se negaron a devolver el inmueble.
Casualmente, la hipoteca sobre el bien, adquirida por Glisud, fue cedida el 10 de diciembre de 2007 a Jorge Carlos Abalos, quien “no solamente fue funcionario designado por el gobierno de Manfredotti-Gallo, sino que era empleado del Hotel Villa Brescia, propiedad de “Seis Estrellas SA”, una sociedad presidida por Manfredotti”.
Es por eso que los fiscales solicitaron investigar como coautores del delito de “defraudación contra la administración pública bajo la modalidad de administración infiel” tanto a Gallo como a Manfredotti.
Sin embargo, esa opción fue rechazada por el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, quien argumentó que para ello había que esperar el resultado del juicio previsto para septiembre. La decisión fue apelada y confirmada luego por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
La causa del lavado
Otro aspecto que investiga la Justicia es el origen de los fondos utilizados por la empresa fantasma Glisud para comprar los créditos subvaluados del Fondo Residual.
La compañía presidida por Pinto adquirió los títulos públicos depositando $298.700 pesos en una cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego, pero el procedimiento está plagado de episodios llamativos.
El ex asesor de Gallo argumentó haber obtenido los fondos de un préstamo de la empresa uruguaya “Crider Trading SA”, de la que Pinto también era director. En ese “acuerdo de mutuo” las firmas son falsas y carece de datos elementales “como el lugar de celebración o la fecha en la cual se ha firmado”.
Por otra parte, el acuerdo es del 15 de diciembre de 2003, es decir, después de que Glisud (a través de D´dadamo, otra asesora de Gallo) ya había ofertado por los créditos del Residual.
La Justicia sospecha que “los activos aplicados a la compra de los títulos podrían haber provenido de hechos de corrupción cometidos en esa época en el Estado provincial”.
Por este caso, Manfredotti y Gallo, igual que los miembros principales de Glisud, siguen imputados y el juez De Gamas dispuso la declaración de varios testigos, si bien todavía no se decidió a llamarlos a prestar declaración indagatoria.
