a decisión del intendente Walter Vuoto de no descontar de los salarios de los empleados de la Municipalidad de Ushuaia el denominado “aporte solidario” para al Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS) -según lo determina la ley 1068 aprobada por la Legislatura provincial en el pasado mes de enero-, fue avalada por el Concejo Deliberante de la ciudad.
Es que el viernes los ediles aprobaron en sesión especial, por mayoría, el proyecto de ordenanza enviado por el propio Vuoto, que declara “inaplicable” la citada normativa en sus artículos 5° y 9°. Posteriormente y en una nueva sesión especial, aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución del mopofista Gastón Ayala que determinó no adherir a la ley 1075, que otorga a la Provincia la potestad del cobro del Impuesto Inmobiliario, hoy en manos de la Municipalidad.
El proyecto del Ejecutivo municipal sobre los descuentos salariales contó con el voto de los concejales Hugo Romero (FPV), Gastón Ayala y Ricardo Garramuño (MPF), Tomás Bertotto (PRO), Juan Romano (UCR) y Silvio Bocchicchio (PSP).
Romero resaltó que tras una “tarea ardua de los equipos técnico-jurídicos del Municipio y de los concejales se pudo plasmar el texto del proyecto”.
El voto en disidencia fue el del edil Juan Pino (FPV), alineado políticamente con al gobernadora Rosana Bertone, quien mocionó la realización de una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 1068, pero no contó con el respaldo de sus pares.
Cabe mencionar que se vivieron momentos de tensión a partir de la presencia en el recinto de personal policial, lo cual generó el repudio de integrantes de organizaciones gremiales que se hicieron presentes para seguir las alternativas de la sesión. Incluso, un efectivo, vestido de civil, amenazó con rociar con gas pimienta a algunos funcionarios y periodistas. Finalmente no se produjeron otros incidentes y ambas sesiones se desarrollaron con normalidad.
La presencia de la Policía dentro de la sala de sesiones no es habitual, al punto que en los últimos años se desarrollaron sesiones álgidas en función de los temas abordados, sin que hubiera integrantes de esa fuerza. La decisión de convocarlos para esta oportunidad fue del concejal Pino, quien preside el Concejo.
Tras la sesión el intendente Vuoto agradeció a los concejales el acompañamiento a la ordenanza “sobre la que cada uno de ellos, pertenecientes a distintos bloques políticos, fundamentaron la defensa de la autonomía municipal y la búsqueda de una salida en paz a la conflictividad social instalada en la ciudad a partir de los descuentos a los trabajadores municipales”.
Por otra parte, se aprobó por unanimidad no adherir a la modificación de la percepción del cobro del Impuesto Inmobiliario -potestad del Municipio- dispuesto por ley provincial Nº 1075, normativa que invitaba a los municipios a consentir ese cambio a favor de la Provincia.
El autor del proyecto de resolución, Gastón Ayala, manifestó que “no voy a entregar la autonomía municipal porque un municipio sin recursos se convierte en una comuna”, mientras que Garramuño señaló que pedirá al Intendente que instruya quitar de las boletas del Impuesto Inmobiliario la salvedad de que su aplicación en el ámbito municipal está sujeta a la adhesión a la ley provincial.
Conformidad en el Ejecutivo municipal
El secretario de Gobierno de Ushuaia, Oscar Souto, quien junto a otros integrantes del Gabinete municipal asistió a la sesión del viernes, destacó que “quedó registrada la voluntad de una amplia mayoría de concejales de la ciudad, de hecho la votación fue 6 a 1 a favor de lo que había presentado el Intendente”.
Sostuvo que la inaplicabilidad de la ley 1068 está fundada en que “la facultad del intendente de fijar salarios no podía ser, a nuestro entender, limitada por esta ley”, a partir de lo cual “los concejales entendieron que se violaba la autonomía municipal y por otro lado se le restringía el salario a los trabajadores”. Y valoró que “con estas dos cuestiones de la mano hicieron los concejales entendieron que se debía dar marcha atrás con los descuentos y llevar adelante la resolución de esta ordenanza”.
Por otra parte, Souto confirmó que los funcionarios políticos de la gestión Vuoto sí realizarán el aporte extraordinario, como marca el proyecto de ordenanza: “Hay un pedido de adhesión al que todos los funcionarios adheriremos y también se le hace al Juzgado de Faltas para que adhieran sus funcionarios de mayor rango: el juez de Faltas, su secretario y su prosecretario”.
En ese sentido, enfatizó que “este aporte sí va a ser solidario porque va a ser voluntario, todo el conjunto de funcionarios va a adherir a lo que nos dicta la ordenanza”.
