a Justicia volvió a postergar la declaración indagatoria que debió prestar ayer el ex vicegobernador Daniel Gallo en la causa donde se investiga por presunto lavado de dinero a directivos y otras personas vinculadas con la empresa Glisud SA, que operó durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti (y Gallo) para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
El también ex diputado nacional tenía que presentarse en la víspera ante el juez penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler, a cargo del caso, aunque finalmente no lo hizo a raíz de problemas de agenda manifestados por su abogado defensor, el ex camarista provincial Luis Felipe Ricca, contaron a este medio fuentes judiciales.
Aunque Gallo estaba dispuesto a declarar (incluso había viajado a Ushuaia) su abogado expuso que la declaración se le superponía con otras obligaciones laborales y solicitó la postergación de la audiencia.
Según trascendió, De Gamas Soler hizo lugar al pedido y aplazó la indagatoria para el próximo martes 30 de mayo.
De esta forma, la única persona que fue indagada en el marco del mismo expediente por presunto “lavado de activos” es la ex apoderada de Glisud Graciela D´ádamo, apodada “Gatúbela” por el disfraz con que aparece en unas fotos reveladas años atrás, quien lo hizo el pasado 3 de mayo.
Por su parte el presidente de la empresa fantasma, sospechada de ser una pantalla para negocios ilícitos, Enrique Pinto, debe declarar el martes 23, luego de haber logrado también una postergación de la indagatoria por problemas de salud.
De hecho el defensor de Pinto volvió a exponer en estos días los mismos problemas que aquejan a su cliente (en apariencia, un cuadro de estrés) aunque en este caso el juez reiteró la vigencia de una resolución donde el propio magistrado estableció que para ser considerados motivos válidos de no presentación en el juzgado, los inconvenientes de salud tienen que ser constatados por un perito médico en la ciudad de Ushuaia.
La defensa de Pinto también recurrió a otra estrategia para dilatar la declaración: pidió que le dejen tomar vista de una serie de expedientes vinculados con casos de corrupción cometidos durante el manfredottismo.
El argumento fue que como en la investigación por lavado, se menciona que el origen del dinero “negro” luego introducido al mercado formal con la compra de créditos del BTF, habrían sido varios hechos de corrupción, los abogados pidieron conocer de antemano cuáles eran las causas que constituirían el delito precedente.
Voceros judiciales dijeron que el juez rechazó esa petición y mantuvo firme la fecha de convocatoria a Pinto.
La causa investiga el origen de unos $300 mil pesos de la época, con que Glisud adquirió títulos públicos con los que después ofertó y ganó la licitación de tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público realizado por el Fondo Residual del BTF a fines de 2002.
La empresa alega que consiguió el dinero mediante un crédito de mutuo en Uruguay, aunque esa maniobra está plagada de sospechas y el dueño de la firma que habría prestado los fondos es un conocido fabricante de compañías fantasmas, Néstor Gustavo Cardozo García, quien también será indagado por el presunto lavado de activos.
Las dilaciones en el expediente, que ya lleva más de diez años de sustanciación, son una constante. Por ejemplo las indagatorias se iban a realizar, primero, en agosto del año pasado, pero el acto se suspendió debido a recursos de apelación que estaban pendientes y porque se decidió aguardar la realización del juicio por la llamada “causa principal de Glisud”, que de todos modos también se pospuso debido a planteos de las defensas de los acusados que están pendientes de resolución ante el Superior Tribunal de Justicia.
Después, Pinto iba a declarar el 26 de abril de este año y debido a su “cuadro de estrés” la Justicia le suspendió la audiencia para el 23 de mayo.
Gallo iba a declarar en agosto de 2016, luego lo citaron para ayer y ahora para el 30 de mayo.
El caso del uruguayo Cardozo García es distinto porque aún se aguardan las comunicaciones internacionales para notificarlo de la citación a declarar en la provincia.
D´adamo es la única que ya prestó una declaración “muy breve” en la que negó cualquier vínculo con una maniobra de lavado de activos y afirmó que cumplió tareas para la compañía “hasta el año 2010” y que luego solo realizó algunos asesoramientos, según indicaron las fuentes consultadas.
Glisud es una sociedad fundada por dos ancianas indigentes y cuya sede era un prostíbulo de Buenos Aires que se conformó para apropiarse de los créditos y de las propiedades que administraba el Fondo Residual del BTF, con la presunta complicidad de las autoridades de la época, según demostró la Justicia provincial en la causa Nº16787.
El ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo, Néstor Sierra, y los integrantes de la empresa: Pinto, D´adamo y Francisco Grondona fueron procesados en doble instancia por la operatoria en que Glisud se quedó con tres créditos con garantía hipotecaria, en el concurso público llevado a cabo el 30 de diciembre de 2002.
La Justicia demostró que la compañía pagó por la cesión de los derechos sobre esos préstamos, con 1,4 millones de bonos defaulteados, y la causa de lavado investiga de donde salieron los $298.700 pesos de la época usados para comprar esos títulos. Pinto argumentó haber obtenido los fondos de un préstamo de la empresa Crider Trading SA, representada por Cardozo García, aunque al momento de la operatoria, el propio Pinto era también representante de la misma compañía y por lo tanto se habría prestado el dinero (140 mil dólares) a sí mismo.
Es por eso que los investigadores consideran que el dinero para las operatorias de Glisud en Tierra del Fuego no habría venido de Uruguay, sino de “hechos de corrupción cometidos en esa época en el Estado provincial”, según puede leerse en el expediente.
