na comitiva de ex combatientes y de integrantes de organismos de derechos humanos se reunirá este viernes con la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, y le expondrá su malestar por la decisión que adoptó la magistrada la semana pasada de postergar las declaraciones indagatorias de 18 ex militares acusados de infligir torturas a soldados durante la guerra de Malvinas.
El encuentro estaba pautado desde antes de la medida resuelta por la jueza, quien argumentó “falta de personal” y de “espacio” como para llevar adelante el acto procesal que había decidido el juez subrogante de Ushuaia Federico Calvete.
El secretario de Derechos Humanos del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, que interviene como querellante en el expediente judicial, precisó ayer que la comitiva que viajará a Río Grande estará integrada, entre otros, por miembros de la secretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, el Cecim anunció que recurrirá la decisión de Borruto ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y que informará de lo ocurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo Nacional de la Magistratura, en este caso para que se evalúe el desempeño de la jueza recién asumida en el cargo.
El secretario del Cecim reiteró la recepción de mensajes de tono intimidatorio por parte de allegados a los imputados en el caso, y agregó que ex militares ligados a la causa también utilizan sus cuentas en redes sociales para “propagar mensajes del mismo tenor”. Por ejemplo, citó uno donde califican de “inmoral” al fiscal federal que interviene en el expediente, Marcelo Rapoport, y se refieren a los ex combatientes de La Plata como gente “envenenada ideológicamente”.
La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982, quienes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Cecim.
