ldquo;A los mapuches los respaldan miembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y los terroristas de ETA” (País Vasco), sin aportar pruebas de semejante denuncia, el empresario Carlos ‘Nuno’ Sapag, hermano del entonces gobernador neuquino, procuró así desvirtuar los reclamos de los originarios de esa provincia. La difamación “recibió los aplausos de los estancieros y los empresarios reunidos en la Sociedad Rural Argentina (SRA)”, este día (Darío Aranda. Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias).
“Una semana antes, cien policías habían reprimido ferozmente a la Comunidad Mapuche Currumil-Quillén, quemando sus rucas (casas) y destruido sus herramientas. ¿El crimen de la comunidad? Recuperar un campo de invernada del que habían sido expulsados hace una década”.
La SRA, “insatisfecha por la acción de la policía, exigió una reacción más enérgica. Tres reconocidos abogados de Buenos Aires pidieron a la justicia de Neuquén que actuara contra el Pueblo Mapuche. Los letrados cuentan con un currículum de mano dura”: Carlos Sánchez Herrera, Juan Carlos Cassagne y Jorge Vanossi.
“Las relaciones entre el Pueblo Mapuche y las corporaciones empresarias nunca fueron buenas. Y empeoraron cuando las comunidades indígenas de Neuquén comprobaron que sus campos de veranada habían sido alambrados por estancieros y alertaron que el gobierno provincial, mediante la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), había avanzado con monocultivo de pino sobre su territorio”.
La entidad originaria explicó “en un comunicado que las recuperaciones son ‘actos de estricta justicia’ tras décadas de haberse mantenido como testigos pasivos y de haber padecido el robo de propiedades ancestrales. ‘Un sector privilegiado de la región, ligado al poder político se apropió de tierras, desalojó a nuestra sociedad preexistente y consolidó un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde el rol de peones de estancia’, denunció”.
El partido de gobierno neuquino (MPN), “que gobierna la provincia desde 1962 con el clan Sapag, se ha comportado como un aliado incondicional de las empresas petroleras, mineras y forestales, todas industrias que chocan con el desarrollo de los pueblos indígenas. Por eso existen en la justicia provincial 32 causas penales en proceso, en las que se encuentran imputados más de 150 miembros y autoridades del Pueblo Mapuche” (op.cit.).
Autor: Bernardo Veksler
