n un esfuerzo por abordar las complejidades de la vivienda en Tierra del Fuego, se ha presentado un proyecto de Ley en la Legislatura que busca regularizar la ocupación de viviendas adjudicadas a través de transferencias, alquileres u otras transacciones fuera del proceso regular del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH).
La arquitecta Laura Montes, presidenta del IPV, compartió su perspectiva sobre este proyecto que tiene como objetivo poner fin a una situación irregular que ha persistido durante años. Montes explicó: "Este proyecto de ley replica uno que hubo en el 2013, y anteriormente, iniciando la década de los 2000, que es básicamente para regularizar aquellas soluciones habitacionales que han sido ocupadas fuera de la adjudicación regular de IPV”.
La principal preocupación del IPV es la presencia de viviendas que, habiendo sido adjudicadas legítimamente, han sido transferidas, vendidas o alquiladas a terceros. Al respecto, Montes señaló: "Tenemos un gran número de adjudicatarios que han vendido sus soluciones, que las han transferido, que han tomado posesión otras personas. Esto no se puede, por eso la ley establece que vamos a tener una regulación específica y cada caso va a tener su tratamiento. Por lo cual necesitamos que las personas que estén ocupando, que hayan comprado, o han estado alquilando en un período de tiempo continuo, pacífico, es como dice ahí el texto de la ley, no podemos dejarlo así, no podemos no regularizar”.
La arquitecta hizo hincapié en que este proyecto no afectará a los adjudicatarios legales que cumplen con sus obligaciones y pagan sus cuotas regularmente. En cambio, se enfoca en aquellas personas que ocupan viviendas de IPV de manera irregular y que han llegado a acuerdos de desocupación con el instituto.
El proyecto busca resolver situaciones en las que las personas han estado pagando un "canon de uso" como si fuera un alquiler: "Hay gente que hace años que está pagando canon. Entonces, es una situación indefinida para el IPV, porque esa vivienda sigue siendo responsabilidad y propiedad del IPV, y no es el objetivo del IPV tener viviendas de su propiedad, el objetivo es adjudicar a las personas que las necesiten”, explicó.
Para aquellos que ocupan viviendas de IPV de manera irregular, el proyecto establece un proceso de regularización que incluirá el pago de cuotas desde cero, con montos actualizados que reflejen el valor de la vivienda en la actualidad.
Laura Montes subrayó que este proyecto no implica necesariamente la adjudicación de la vivienda a la persona que la está ocupando ilegalmente. En cambio, busca regularizar la situación y garantizar que las viviendas del IPV se asignen a aquellos que realmente las necesitan.
La presidenta del IPVyH enfatizó que no todos los casos irregulares serán regularizados, ya que cada situación debe cumplir con la reglamentación establecida por el instituto y la ley propuesta.
En conclusión, el proyecto de ley busca abordar una cuestión compleja relacionada con la vivienda en Tierra del Fuego, donde muchas viviendas adjudicadas han sido objeto de transacciones irregulares. La regularización de estas situaciones permitiría al IPV cumplir con su objetivo de proporcionar viviendas a quienes más lo necesitan en la provincia.
