a arquitecta Laura Montes, presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Habitad de Tierra del Fuego, brindó explicaciones sobre un convenio de vivienda que cobró gran repercusión pública debido al acceso a una vivienda de demanda social de Daniel Mancini, gerente de la empresa Leolabs, que ha sido objeto de controversia por su relación con Gran Bretaña y la instalación de un radar en Tolhuin.
Montes aclaró que este convenio se estableció en 2015 con la cooperativa Submarino ARA Santa Fe Lda., que agrupa a ex combatientes de Malvinas. Según dijo, este convenio es parte de una práctica común del IPV: "Es una operatoria como las que el IPV lleva a cabo con gremios, o con este tipo de cooperativas. La cooperativa hace un convenio con el municipio, el municipio entrega tierras, y el IPV hace la ejecución de las viviendas. Particularmente, este convenio tiene 8 años y fue firmado en la gestión anterior".
La presidenta del IPV explicó cómo se llegó a la inclusión de Daniel Mancini en el convenio: "En su momento, hubo un decreto municipal que adjudicaba las tierras a 22 familias, a 22 titulares. ¿Cómo viene esto ahora a desembocar en un convenio de ocupación? Porque uno de esos adjudicatarios se baja de la desadjudicación, y el año pasado la cooperativa ARA General Belgrano (por ARA Santa Fe), solicita al IPV que se ponga como postulante al señor Diego Mancini. Hace un año que se están tramitando todas las actuaciones para que esta persona sea pre adjudicataria".
Montes aclaró que aún falta que el municipio otorgue la tierra y que el convenio actual es de ocupación con canon de uso no amortizable, lo que equivale a un alquiler sin compromiso de adjudicación de vivienda hasta que se cumplan todos los requisitos.
La funcionaria destacó que este tipo de convenios específicos para demandas particulares son habituales en el IPV: "Es una decisión política hacer un convenio para una demanda específica. El convenio, ya de antemano, dice que el IPV va a construir viviendas para el listado específico, o para los asociados, en esta situación específica, de la cooperativa. Por ejemplo, ahora el IPV está construyendo viviendas y al momento de la entrega no es que decidimos entregar específicamente a tal sector, sino que las viviendas que construye el IPV, por su propia gestión y en sus propias tierras, es para la demanda general".
Montes subrayó que el IPV actúa como intermediario en estos acuerdos, ya que las tierras son propiedad del municipio: "El municipio de Ushuaia es el dueño de las tierras. Entonces, por decreto, le asigna a cada uno de los integrantes de la cooperativa una tierra. Sobre esa tierra, el IPV construye el dúplex. Pero nosotros nos atenemos a lo que dice la cooperativa y lo que dice el decreto municipal, porque no es tierra del IPV, estamos como intermediarios haciendo la construcción de la solución habitacional".
En cuanto a la inclusión de Daniel Mancini, Montes insistió en que el proceso se ha llevado a cabo siguiendo la reglamentación del IPV y que este no se vincula con la empresa Leolabs ni con la controversia en torno al radar instalado en Tolhuin. La presidenta concluyó que este tipo de convenios para demandas específicas son una práctica habitual en el IPV y se basan en acuerdos políticos preexistentes.
La explicación de Laura Montes arroja luz sobre el proceso que condujo a la inclusión de Daniel Mancini, alta autoridad de la empresa de capitales británicos, en un convenio de vivienda en Tierra del Fuego destinado, paradójicamente, a una cooperativa integrada por ex combatientes de Malvinas.
