uego de conocerse que el juez penal de Ushuaia y el ex secretario de la Causa AMIA en la década de los 90, Javier De Gamas Soler, fue beneficiado con la jubilación extraordinaria en la provincia, a pesar de su complicada situación procesal relacionada con el trágico atentado que cobró la vida de decenas de argentinos, el abogado Jorge Pintos, quien previamente había presentado una solicitud de destitución del juez, expresó su preocupación por la situación y adelantó la formulación de un planteo ante la Fiscalía ante sus dudas sobre la legitimidad del beneficio otorgado al cuestionado ex juez.
Pintos afirmó que tomó conocimiento por los medios de la noticia, “porque había salido una publicación en un medio nacional, y tomé conocimiento de que se le habría otorgado el beneficio jubilatorio en virtud de eso. Ante esa circunstancia, consulté directamente a una autoridad de la Caja de Previsión de la provincia, para que me confirme esta información y, efectivamente, me confirmó que le habían otorgado la jubilación".
El abogado enfatizó la necesidad de abordar esta delicada situación y cuestionó la legalidad del proceso: "Es necesario tomar un tipo de medida. No puede quedar una situación de esta manera y avalar con otros actos, creo que son actos de corrupción, una cosa que ya era corrupta de por sí".
Pintos también planteó dudas sobre la actuación de los funcionarios involucrados en el otorgamiento de la jubilación: "Los funcionarios que tramitan este tipo de cosas, solamente se los puede encuadrar de dos maneras: o son inútiles o son corruptos. No queda otro porque es vox pópuli todo lo que pasó está acreditado, se lo sabe a nivel internacional, pero acá pretende hacerse oídos sordos o mirar para otro lado ante situaciones como esta".
El letrado subrayó que evidentemente la Caja de Previsión de la provincia tenía conocimiento de las acciones legales en curso contra De Gamas Soler y que esto debería haber influido en la decisión de otorgar la jubilación.
Además, Pintos planteó la posibilidad de que la jubilación sea nula debido a la falta de legitimidad del beneficiario: "Para mí es nulo porque, si quien lo propone está en pleno conocimiento que es ilegítimo, porque no tendría las condiciones como para acceder, sabe que hay un jury en su contra, tiene un procesamiento, por lo tanto él mismo, en su recurso ante la Corte Suprema manifiesta que el riesgo que tiene justamente es que deberían destituirlo, no cabe duda que si el objeto es ilegítimo, el tratamiento de esta resolución sería nula porque tiene un objeto de por sí ilegítimo".
Pintos también planteó la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía para investigar estas posibles irregularidades en el proceso de otorgamiento de la jubilación que denotó.
En última instancia, el abogado describió la decisión como un "premio" y señaló: "Es un premio, pero no al prontuario judicial, sino a los beneficios que le pudo haber otorgado a gente cercana al poder o a sus allegados, que fueron los que lo mantuvieron durante todo este tiempo. De otra manera no se concibe".
La concesión de la jubilación extraordinaria al ex juez Javier De Gamas Soler ha generado un debate sobre la legalidad y la ética en el sistema judicial y de jubilaciones de la provincia, y se espera que se realicen investigaciones adicionales para aclarar las circunstancias que rodean esta polémica decisión.
Repercusiones nacionales
Luego de conocerse que la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego había otorgado el beneficio al juez De Gamas Soler, las repercusiones no se hicieron esperar.
Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, una agrupación que representa a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, ha calificado de vergonzosa la jubilación de De Gamas.
Cuestionaron además que los órganos judiciales y el propio Consejo de la Magistratura, no iniciaran de inmediato el proceso de destitución a sabiendas del proceso jubilatorio en trámite desde mediados de año.
La causa AMIA ha estado marcada por una serie de maniobras políticas desde su inicio. Sorprendentemente, tomó 29 años para que De Gamas fuera procesado por los cargos que eran evidentes desde el principio. El exjuez Galeano, quien estuvo a cargo de la investigación desde julio de 1994, fue condenado a seis años de prisión por las mismas acciones. Sin embargo, hasta el día de hoy, Galeano no ha cumplido ni un solo día de condena debido a las apelaciones pendientes, informó Noticia de Tapa.
El pago de 400.000 dólares a Telleldin se realizó utilizando fondos de la Secretaría de Inteligencia (en ese momento llamada SIDE). Existían pruebas claras en forma de dos videos: uno mostraba a Galeano negociando directamente el pago con Telleldin, y el otro mostraba a Galeano mostrando fotos de policías a Telleldin y señalando a aquellos que debían ser incriminados. En el juicio de 2004, se demostró que los policías bonaerenses estaban involucrados en actividades delictivas, pero no tenían relación con el atentado en sí. Telleldin, quien vendió la camioneta utilizada en el ataque, también fue absuelto.
La causa AMIA estuvo inmersa en la política desde sus inicios. La administración de Carlos Menem intentó atribuirle la responsabilidad del ataque a Eduardo Duhalde y su policía, como parte de una amarga lucha interna. Esto permitió a Menem distanciarse de la investigación del atentado, ya que él había forjado una alianza estrecha con Estados Unidos e Israel en ese momento, mientras que Duhalde, de origen sirio-libanés, se había posicionado de manera diferente en la política internacional y había tomado medidas en relación con la guerra de Irak. Sin embargo, a día de hoy, el caso AMIA sigue lleno de interrogantes sin respuesta, y la verdadera causa del atentado permanece sin esclarecerse.
En este contexto, Galeano siguió las directrices políticas de Menem al pie de la letra, bajo la influencia decisiva de la SIDE en Comodoro Py. Aunque De Gamas era el secretario, su participación en las irregularidades fue evidente, y a pesar de ello, ahora disfrutará de una jubilación privilegiada, indicó Noticia de Tapa.
