lrededor de esta fecha, la conflictividad social y la agudización de los enfrentamientos, en Santa Cruz, impulsa a los empresarios a comprar ametralladoras para defenderse.
“Para el mes de noviembre de 1921 se informó sobre la compra por parte de varios hacendados de ‘ametralladoras Thompson, portátiles de la casa Portalis & Cia. (…) arma poderosa que dispara 1500 tiros por minuto’, para destinar a la (…) defensa de sus establecimientos de los peones que puedan declararse en huelga en carácter de violencia como ocurriera en las huelgas habidas a principios de año y las actuales del momento…” (Miguel Auzoberría, Hugo Huenul, Elida Luque y Susana Martínez. Historia de la clase obrera en Santa Cruz).
En un informe del Ministerio de Guerra (24/11/1921), se desprende “que el gobernador (Ángel) Yza veía contraproducente este pedido de compra de armas (…) para los propios estancieros si llegan a caer esas armas en manos de los huelguistas (revoltosos) (…) Se citan incluso dos casos en los que según Yza las citadas armas cayeron en poder de los ‘elementos revoltosos’, las que compraron los señores Reilli y Pinedo”.
La crítica situación estaba impulsando una reacción patronal, se había extendido la organización y extensión de sociedades rurales (se sumaban a la creada en Río Gallegos y se creaba la Asociación Ganadera, Comercial e Industrial del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), la presencia de logias de la masonería, la Liga de comercio e Industria, de asociaciones civiles (Pro Patria en Puerto Santa Cruz y Liga Patriótica, que intervenían agresivamente contra las movilizaciones obreras). Este proceso ya había tenido alcance nacional con la reunión efectuada, en esos días, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Toda esa reacción empresaria estaba fortificando sus presiones sobre el gobierno de Hipólito Yrigoyen, para incitarlo a que tome iniciativas contra los huelguistas.
Uno de los logros patronales fue operado por el ex gobernador santacruceño Edelmiro Correa Falcón, quien había sido comisionado por la Sociedad Rural de Río Gallegos para realizar gestiones en Buenos Aires, entre ellas “la aprobación del proyecto de Ley creando la División de caballería en la Patagonia para hacer así efectiva la libertad de trabajo y demás garantías constitucionales que hoy no se respetan en el Territorio por falta absoluta de seguridad”, en palabras ruralistas (op.cit.).
