l ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció ayer que el Gobierno nacional hará modificaciones sobre los artículos del proyecto de Ley Ómnibus vinculados la actividad pesquera, tras el rechazo que los Gobernadores de las provincias patagónicas y empresarios del sector plantearon respecto del tema.
Tras la reunión que Francos mantuvo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, dijo que se harán unas aclaraciones que apuntan a dejar en claro que se mantiene la soberanía nacional dentro de las 200 millas de la costa.
"A lo mejor (el proyecto) tenía una parte que no era clara. Todos queremos proteger el trabajo y la industria argentina. Hay que hacer clarificaciones, son dos o tres", indicó el funcionario nacional.
El texto generó alarma porque varios actores implicados en el tema consideraron que se les estaba abriendo a empresas del exterior la chance de poder pescar dentro de las 200 millas de soberanía nacional, algo reservado solo para buques nacionales.
“No hay país en el mundo que ceda su soberanía en las 200 millas, eso lo primero que queremos sacar, también que se revea la obligatoriedad de que las descargas sean en puertos argentinos, no solo por la trazabilidad y el control sino por la generación de empleo. Mar del Plata, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, la pesca genera laburo y el sector genera divisas para la Argentina”, cuestionó Torres antes de ingresar a la reunión.
Tras el encuentro, el gobernador de Chubut precisó que se iba “conforme de la reunión. Está garantizada la soberanía dentro de las 200 millas y la obligatoriedad para descargar en suelo argentino, el espíritu de la ley no va contra eso”, sostuvo.
Torres también comentó que mantiene una agenda de trabajo con “los ministros (de Defensa) Luis Petri y (de Seguridad) Patricia Bullrich para dar pelea contra la pesca ilegal porque la Argentina pierde miles de millones de pesos en pesca ilegal, no sólo es una cuestión económica sino también de soberanía”.
Por su parte, Francos dijo que además acordaron “armar una mesa para tratar todos los temas del sector” de la pesca, del cual remarcó que “es un recurso de los argentinos”. “Tiene que ser un proceso transparente y eficiente para todos, se ha interpretado de una manera diferente y lo hemos clarificado”, insistió el ministro.
Esta misma semana, los gobernadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa firmaron un documento en el que cuestionaron la pretendida derogación del artículo 25 del régimen federal de pesca, que es el que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino. Afirmaban que con su derogación nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos.
También objetaban la modificación propuesta al artículo 27 que propone que la asignación de cupos de captura quede únicamente sujeto al resultado de una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, sin tener ya en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos.
Además, alertaban sobre el negativo impacto que sobre la mano de obra local tendría la eliminación de la obligatoriedad de que el 75% del personal embarcado deba ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia contemplada en el artículo 40. Sobre el particular sostenían que la propuesta habilitaría a las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, no alcanzado por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, lo que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región.
También rechazaban la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley federal de pesca, ya que provocaría la perdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pesquero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
