n un giro legal destacado, la Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una medida cautelar que parcialmente suspende la aplicación del capítulo de reforma laboral del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.
El abogado Manuel Raimbault analizó la situación desde una perspectiva técnica, resaltando la rapidez de la acción judicial en comparación con la demora parlamentaria.
Raimbault subrayó que "la Justicia empieza a actuar más rápidamente que el Parlamento", generando un escenario en el cual solo aquellos con legitimación pueden cuestionar el decreto. La CGT, en este caso, presentó un amparo específico contra el capítulo laboral, logrando la suspensión temporal de su aplicación hasta que se dicte una sentencia definitiva.
En cuanto a la constitucionalidad del DNU, el abogado sostuvo que "el fallo es correcto en el análisis de cómo tiene que ser un DNU", calificándolo como "absolutamente inconstitucional tal como está establecido". Sin embargo, destacó que la medida cautelar no resuelve el fondo del asunto, sino que solo impide temporalmente la aplicación del capítulo laboral.
El ex legislador planteó una posible objeción futura debido a la falta de un plazo determinado en la medida cautelar, recordando la ley de medidas cautelares contra el Estado que exige límites temporales. Este aspecto podría generar controversias institucionales a largo plazo.
En cuanto a la estrategia gubernamental, el abogado prevé dos acciones. En primer lugar, la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que la medida cautelar es de cámara. En segundo lugar, el gobierno buscará inhibir a la justicia laboral, argumentando que la materia es contenciosa administrativa, no laboral. Este movimiento busca evitar medidas cautelares dictadas por jueces "incompetentes", siguiendo la ley de medidas cautelares contra el Estado.
En resumen, la situación legal plantea un escenario complejo, donde la CGT logró un primer freno a la reforma laboral, pero el gobierno busca sostener su posición con estrategias legales ante la posible objeción judicial a futuro.
