legó la noticia que el Gobierno no esperaba. La jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF.
Con esta decisión, y como no se han presentado avales, desde ayer, jueves 11 de enero, los demandantes, ya estaban en condiciones de comenzar con los pedidos de embargos de activos ubicados en los EEUU y en el resto del mundo. Los demandantes son los fondos Burford Capital y Eton Park.
El Estado argentino fue obligado a pagar una indemnización de US$16.100 millones en septiembre pasado por la sentencia en contra por el juicio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, y tenía plazo hasta ayer para presentar avales de garantía y evitar embargos durante el proceso de apelación.
De esta forma, como los avales no han sido presentados y con este fallo el aplazamiento de la fecha negado, el Estado argentino corre el riesgo de recibir embargos en sus bienes y activos, como ya le ha ocurrido tiempo atrás en el juicio con los fondos buitres tras la salida de la convertibilidad.
En esa oportunidad, retuvieron 77 días en Ghana a la Fragata Libertad y para que no retengan el Tango 01, el avión presidencial, muchos vuelos se hicieron en aviones privados cuando las autoridades viajaban al exterior.
Ahora, el Estado argentino, que es representado en la causa por el estudio Sullivan & Cromwell, tiene la posibilidad de continuar con el proceso de apelación del fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para ello deberá presentar el 22 de febrero el escrito con los argumentos por los cuales los jueces de segunda instancia deberían darle lugar y revisar la sentencia de Preska.
