l Gobierno nacional finalmente aceptó introducir modificaciones en su Ley de Bases en busca de motorizar su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, en un principio, después de que la iniciativa obtenga dictamen, como se aguarda que suceda a comienzos de esta semana, y todo ello con un paro nacional de por medio.
A partir de las enmiendas, el oficialismo espera el acompañamiento de la voluminosa reforma que impulsa el Poder Ejecutivo, mientras insiste en que "tiene los votos" suficientes como para lograr su aprobación en la Cámara baja este jueves, cuando está previsto que los diputados sesionen para deliberar sobre el proyecto.
Los cambios en el texto original son vistos como un "gesto" de buena predisposición por parte del mandatario Javier Milei para intentar que la iniciativa transite con éxito la discusión parlamentaria en ambas cámaras hasta convertirse en ley eventualmente, más allá de que el Gobierno insista con la posibilidad de avanzar con otro mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) si su propuesta "ómnibus" se traba en el Congreso.
Según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el oficialismo no negoció con la oposición, sino que simplemente se mostró abierto para recibir sugerencias, por ejemplo: recortar las pretensiones de facultades extraordinarias que el Parlamento podría otorgarle a Milei, tratar de evitar que los jubilados pierdan como en la guerra frente al avance de la inflación, preservar a las economías regionales del pago de derechos de exportación (retenciones) y proteger a la compañía petrolera YPF de cualquier arrebato privatizador compulsivo por parte del jefe de Estado, entre otros asuntos.
En este sentido, en la industria energética local existen quienes creen que efectivamente resulta beneficioso para el Estado disponer de una empresa como YPF, el jugador más importante del mercado doméstico -por cierto-, en momentos en los que el mega- yacimiento de Vaca Muerta "cambió el paradigma" nacional y transformó a la Argentina en un país exportador. "Hoy nosotros no competimos internamente, sino que competimos contra el mundo", dijo una fuente del sector.
En el corto plazo, sin embargo, el Gobierno debe lidiar con un nuevo frente de tormenta originado allá lejos y en el tiempo, en 2012, cuando Cristina Kirchner, por entonces jefa de Estado, decidió estatizar la compañía petrolera, con Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, como uno de los principales impulsores de la iniciativa en filas del Gobierno nacional. Hoy un fondo de inversión de origen inglés, llamado Burford Capital y avalado por un fallo judicial estadounidense reclama al país el pago de 16.100 millones de dólares, nada más ni nada menos.
