n uso de las facultades conferidas por la ley complementaria permanente de presupuesto, la Tesorera General de la Provincia transfirió a Rentas Generales algo más de 10.546 millones de pesos, correspondientes al remanente que había en cuentas de afectación específica y que al 31 de diciembre no se encontraban comprometidos.
El artículo 16 de la ley 1062, sancionada a fines de 2015, facultó “al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a los efectos de equilibrar la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y posibilitar una racional utilización de los recursos, a disponer libremente de las sumas que al 31 de diciembre de cada Ejercicio compongan cuentas o fondos especiales o específicos, y no se encuentren devengados ni comprometidos a dicha fecha en la ejecución de gastos. En consecuencia, dicha autoridad queda facultada a disponer en forma inmediata su desafectación y acreditación a rentas generales del Tesoro de la Provincia, como así también queda facultada a la desafectación de los saldos de las cuentas específicas cuya normativa de creación haya cesado en su vigencia. Quedan exceptuados del presente, los fondos nacionales con destino específico”.
En función de ello, el martes 16 de enero la Subtesorera General de la Provincia, Romina Rouco, dictó la resolución 40/24 mediante los que desafectó y transfirió a Rentas, ya como recursos de libre disponibilidad, casi 2.800 millones de pesos del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales en Salud y Educación. Ese Fondo, creado en 1997, se constituye con el producido de una alícuota adicional del 1% sobre Ingresos Brutos, más la retención a los municipios del 25% de la coparticipación del Impuesto a los Ingresos Brutos, y tiene por finalidad “solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación, en las partidas presupuestarias de personal, bienes y servicios no personales, bienes de uso y construcciones.
También se desafectaron 2.750 millones de pesos correspondientes Fondo de Prestaciones Prioritarias, creado en diciembre de 2013, al que se destina el 0,8% del total general de la recaudación de Ingresos Brutos para sostener subsidio a los consumos de gas envasado y el servicio de comedores escolares y copa de leche que se brinda en los establecimientos educativos de la Provincia.
Igual tratamiento recibieron los algo más de 3.800 millones de pesos que al 31 de diciembre del año pasado estaban depositados en la cuenta "Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales", en concepto de canon minero, permisos de cateos y pertenencia; adjudicación de licencias de caza deportiva o comercial, de acopiador de productos de la fauna y derechos de inspección por tenencia de productos; venta de licencias de pesca deportiva o comercial en todas sus modalidades, aforos por extracción de recursos del mar y cría o captura de recursos acuáticos; aforos, derechos de inspección y guías de tránsito de productos forestales, y por uso de aguas subterráneas y superficiales, no destinadas al consumo humano.
Otro tanto ocurrió con 331 millones de pesos correspondientes al Fondo de Asistencia Activación Económica TDF; los casi 248 millones de pesos que estaban depositados en la cuenta Instituto Escuela de Policía; los cerca de 161 millones de pesos del fondo destinado a proyectos, programas, tareas y actividades de capacitación, asignaciones suplementarias para el personal del Ministerio de Industria; los 59 millones del programa provincial sobre Cáncer de Mama; los 22 millones del programa de financiamiento médico asistencial RUPE, hasta los 2,3 millones de pesos remanentes del fondo para el Manejo de Poblaciones de Perros que fuera creado en diciembre de 2015 para financiar un programa “para evitar el impacto de los perros asilvestrados en la salud pública, la biodiversidad, la producción agropecuaria y las actividades recreativas al aire libre”.
Es de tener en cuenta que en la resolución de la Subtesorera General se indica que los recursos en cuestión “admiten su reafectación” a las cuentas originales, pero que para que ello ocurra es necesario que las áreas responsables del manejo de esos fondos con afectación específica presenten “un informe fundado”, que justifique esa pretensión.
