24 años de haber sido creado a fin de recuperar parte de la cartera crediticia calificada como irrecuperable que tenía el Banco de la Provincia, la Administradora del Fondo Residual solicitó autorización a la Comisión de Seguimiento de la Legislatura para desistir de 28 causas judiciales que totalizan el potencial recupero de unos 233 mil pesos en total. Es decir, un promedio de 8.321 pesos por causa.
La viceministra de Economía, y responsable del manejo de Fondo, Olga Cecilia Rojo, reseña en la nota remitida al Parlamento el pasado viernes 17, que en alguna de las causas en cuestión surge que el demandado no posee bienes registrables, ni ingresos como autónomo o trabajador independiente y ni siquiera ha podido determinarse el domicilio. Mencionan un caso particular que reúne esas condiciones y que el monto que se reclama asciende a 303 pesos. También la existencia de otras en la que se persiguen ejecuciones prendarias de vehículos con más de 20 años de antigüedad, sobre los que además se desconoce el estado de conservación en que se encuentran y por lo tanto no se sabe el valor pecuniario que podrían tener en caso de poder ser subastados.
Además, se debe tener en cuenta que cada causa o remate involucra el pago de honorarios de los abogados o martilleros intervinientes, por lo pueden terminar generando más gastos que beneficios al Fondo Residual.
Habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se puso en funcionamiento del organismo creado por ley 478, y más allá de los escándalos judiciales en los que se vieron involucrados algunos de sus administradores por el manejo poco claro que hicieron de los procesos de recupero de los créditos excluidos del BTF, parece que resultaría oportuno que se elaborar aun detallado informe de los montos recuperados por arreglo o por juicio; los gastos de funcionamiento, salarios y honorarios afrontados por el Fondo, y cuál es el remanente de los créditos aún pendientes de recupero.
