a denuncia tiene como principales responsables a los empresarios Darío Prieto y Walter Agra y a quienes estaban a cargo de la Caja Previsional de la Policía provincial. Paulino Rossi, abogado de las familias damnificadas, brindó detalles sobre la ocupación y volvió a remarcar la gravedad de la situación. “En 2017, 60 familias debían recibir sus terrenos en el lugar más caro de la ciudad, un lugar céntrico. Detrás del negocio había empresarios y la Caja Previsional de la Policía. Los mismos que tenían que evitar delitos llevaban adelante este desarrollo inmobiliario, una estafa para apoderarse de los fondos de la Caja y de estas personas”, señaló Rossi.
Según Rossi, "es un punto de hartazgo de este conjunto de familias que desde el 2017 están esperando pacíficamente para hacer uso del terreno que compraron para tener una solución habitacional". Y agregó que "este grupo los ha estafado, de hecho, así está caratulada la causa penal que se está llevando adelante, junto con la civil ".
El abogado subrayó que "el principal responsable de esto es la Caja Previsional de la Policía fueguina. El titular es el Estado a través de uno de sus organismos". Las familias tomaron la decisión de ocupar los terrenos de manera pacífica. "Son terrenos sin servicios, no van a poder instalarse ahí a vivir, pero lo han desmarcado, han llevado palets para disponer de terreno de hace tanto tiempo", añadió Rossi.
Respecto a la legalidad de las acciones de las familias, Paulino Rossi declaró que "sería el colmo. Si la Caja de la Policía que los estafó ahora les hace una denuncia por ocupación irregular de los terrenos, sería muy directamente el mundo del revés. Ellos han pagado por un lote que está delimitado en un plano que, en su momento, fue publicitado por un conjunto de empresarios y por la Caja de la Policía. Se trata de una situación irregular, pero dista mucho de ser una situación delictiva, o con algún cuestionamiento legal".
"Para dimensionar la gravedad de quiénes han manejado estos fondos públicos. Es sólo la punta del ovillo. Si llegaron a este extremo de estafar a 60 familias, imagínate el desmanejo que hubo en la Caja. Pero es un tema que tendrán que llevar adelante los organismos de control", afirmó Rossi.
Además, señaló nuevamente la implicancia directa de empresarios privados como Walter Agra, de Ushuaia, a través de Financar SA, la empresa encargada del fideicomiso y de llevar adelante las obras. "El otro que era administrador del fideicomiso es el señor Darío Prieto, es un empresario del turismo, tiene empresas de alquiler, muy conocido en Ushuaia. Era la cara visible, quien firmaba todos los contratos. Cuando cobró la última cuota, cerró la oficina y no atendió más el teléfono de nadie", concluyó Rossi.
