l Juzgado Civil y Comercial Nº 11 resolvió el embargo definitivo del buque Tai An, por considerar que incurrió en daño ambiental perpetrado luego de pescar, en marzo, sin habilitación 175 toneladas de merluza negra.
La causa por daño ambiental se inició a partir de una denuncia anónima que la Prefectura recibió el 31 de marzo, siguió con la intervención de la Fiscalía Federal y se constituyó en un proceso colectivo contra la empresa Prodesur. La demanda se amplió sobre Liu Zhijiang, propietario del barco, por responsabilidad solidaria en el daño ambiental.
El 4 de abril, la Prefectura Naval Argentina presentó la denuncia anónima que había recibido ante la Fiscalía Federal donde tomó intervención el fiscal Rafael Alberto Espínola. Así se dio inicio al Proceso Colectivo Autónomo y Definitivo por daño ambiental, patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo por pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Los demandantes pidieron en la condena que los demandados pagarán una suma equivalente al valor del mercado internacional de la captura o pesca ilegal de 175 toneladas de la especie merluza negra realizada por el buque, “más lo que en más o en menos resulte de aplicar las ecuaciones o modelos matemáticos para cálculo del valor de recomposición o la afectación del ambiente dañado”. Además, solicitaron que “se condene a los demandados al pago de una suma en concepto de daño punitivo consecuencia de la conducta desaprensiva, intencional y maliciosa de los demandados”, apelando a que el resarcimiento se integre al Fondo de Compensación Ambiental, a crearse con el fin de dotar a la Prefectura, “de los medios técnicos y/o tecnológicos para el mejoramiento de las operaciones control de la pesca ilegal en todo el mar territorial argentino, islas Malvinas y Georgias y Sándwich del Sur”.
En la resolución que la Justicia emitió el 31 de mayo se indica que los demandantes han “resultado víctimas de un hecho antijurídico, ilícito, cuasi delictual”, constituido por “la captura y apropiación ilegal intencional y maliciosa para beneficio propio de un recurso natural migratorio renovable ‘protegido’ e ‘interjurisdiccional` como es la merluza negra, patrimonio de toda la comunidad”.
En el fallo, consta que las acciones desarrolladas por Prodesur “han revestido suma gravedad al estar claramente orientadas a contrariar la política de protección del recurso mencionado, lo que habilita la aplicación de las sanciones”.
La Justicia consideró que los demandantes han “resultado víctimas de un hecho antijurídico, ilícito, cuasi delictual” y dictaminó el embargo definitivo del buque Tai An.
