n primer lugar, es imperativo subrayar que ningún decreto puede alterar la Ley 19.640. Resulta evidente que cualquier modificación sustancial a esta norma debería ser objeto de un tratamiento especial en el Congreso, a través de un debate exhaustivo y transparente. La adopción del decreto mencionado, aunque brinda cierta tranquilidad a los ciudadanos de Tierra del Fuego, introduce un elemento innecesario, que además suma precariedad e incertidumbre de cara al futuro.
La utilización de un decreto como salvaguarda de una ley refleja una jugada política cuyas intenciones permanecen nebulosas, pero que ha generado una situación de angustia innecesaria. Si bien hoy nos atemperamos en la falsa protección que ofrece este decreto, mañana podríamos encontrarnos con un cambio de gobierno que modifique dicha reglamentación, exponiendo nuevamente a la población a la temida imposición de Ganancias.
Este episodio ha desatado un debate político que nunca debería haber emergido, provocando una confrontación entre opositores y oficialistas que ha incrementado la ansiedad y el desconcierto entre los ciudadanos. Cabe recordar que quienes hoy cuestionan la posible modificación de la Ley 19.640, son los mismos que hace doce años vitoreaban el decreto 751 de 2012, emitido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que excluyó parcialmente de los beneficios de la ley a la actividad hidrocarburífera y gasífera de la provincia, perjudicando notoriamente la economía local.
Por esto mismo, resulta vital que las instituciones públicas y privadas posean la capacidad de amortiguar estas discusiones, evitando que una simple maniobra política determine el bienestar de una provincia en su conjunto. Notemos que las exenciones y beneficios regulados por la Ley 19.640 no pueden estar sujetos a los vaivenes de un gobierno de turno, ni a la inestabilidad que podría surgir de cambios en decretos presidenciales.
Desde una perspectiva más amplia, la existencia de un decreto para reglamentar un paquete impositivo no debe ser ni puede ser vista como un antecedente para garantizar la exención que, bajo la Ley 19.640, rige actualmente en Tierra del Fuego. Este asunto legislativo nunca estuvo en duda y no debiera haberse recurrido a un decreto para garantizar su protección.
A las claras, es evidente que continúa primando el desconcierto en relación a los efectos integrales de la Ley Nacional 19.640, y que muchos actores públicos y privados carecen de capacidad técnica y política para posicionarse públicamente para sostener a la principal herramienta de desarrollo de Tierra del Fuego. Por esto mismo, es función de procurar construir un aprendizaje serio en torno a las últimas semanas, los líderes políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, deben actuar con mayor responsabilidad y seriedad. Las políticas de la magnitud de la Ley 19.640 no pueden ser objeto de maniobras partidarias, sino que requieren de un análisis y discusión profunda, fundamentada y responsable.
Finalmente, y como se viene sosteniendo desde este medio, es crucial que la continuidad de la Ley 19.640 no dependa de un decreto temporal que refleje las fluctuaciones del entorno político. Se necesitan debates abiertos y fundamentados que realmente protejan los intereses de Tierra del Fuego. Esta ley es un pilar fundamental de nuestra provincia y cualquier modificación merece un tratamiento digno y profundo en el ámbito legislativo competente. Todo lo contrario a lo sucedido en torno a los paquetes de las Leyes Bases y Reforma Fiscal.
