n el marco de la efectiva puesta en marcha de la operatoria especial de venta de lotes con servicios destinados a Personal Policía y del Servicio Penitenciario, Docentes y profesionales de la Salud dependientes del estado provincial, desde la presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat se determinó que los 50 terrenos ubicados en la Sección E, Macizo 139 A, Macizo 139 B y Macizo 136 B de la ciudad de Río Grande, tendrán un valor de $ 69.735,22 por metro cuadrado. En tanto que para los 50 lotes ubicados dentro de la Urbanización Río Pipo, Sector I y Sector II, de Ushuaia, se estableció que el precio por metro cuadrado “no podrá superar el 30% por ciento del valor del metro cuadrado determinado para los terrenos de la ciudad de Río Grande”.
En función de ello, un lote de unos 312 metros cuadrados (25 x 12,5) tendrá un costo de 21,8 millones de pesos en Río Grande y de casi 28,4 millones de pesos en Ushuaia.
En la Resolución Reglamentario 11/24, dictada el pasados viernes 9 de agosto, se indica que la normativa que reglamentó la referida operatoria espacial estableció que “el valor por metro cuadrado de los lotes para las ciudades de Ushuaia y Río Grande, se
establecerá para la presente Operatoria mediante el dictado del acto administrativo pertinente, el cual establecerá en cada caso el valor del terreno”, que “dicho importe será actualizado utilizando el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)” y que “el precio total del terreno estará integrado por el valor del terreno, con más los costos de infraestructura frentista; costos de agrimensura, gastos de escrituración y proyecto arquitectónico, según corresponda”.
En esa misma normativa se determinó que “con el objetivo de promover la equidad económica y garantizar condiciones justas para los aspirantes, se establece, de manera excepcional para la presente Operatoria, que el precio base de venta de los terrenos, por metro cuadrado, será el establecido para la ciudad de Río Grande
mediante la correspondiente Resolución IPVyH, mientras que para la ciudad de Ushuaia no podrá exceder en más de un 30% de aquel”.
Se afirma que esa medida se “fundamenta en la premisa de que, a pesar de las diferencias en los valores de mercado entre
ambas ciudades, los salarios se mantienen iguales para los profesionales residentes en la Provincia”, y que así “se busca evitar disparidades excesivas que puedan dificultar el acceso a la vivienda y, por extensión, el fortalecimiento de las áreas objeto de la presente Operatoria en la región”.
Se señala que con esta disposición “se enfatiza la importancia de mantener una política de desarrollo urbano sostenible y
accesible para todos, promoviendo así la residencia y permanencia efectiva de los profesionales y personal de la Salud, Seguridad y Educación Pública”, a la vez que “se busca fortalecer el principio de equidad en el ámbito inmobiliario de Tierra del Fuego, asegurando que el crecimiento económico beneficie equitativamente a todos los residentes, sin otorgar diferencias de trato a los aspirantes con
motivo de su lugar de residencia dentro de la Provincia”.
Para la concreción de esta operatoria el IPVyH afectó “100 parcelas
distribuidas equitativamente entre la ciudad de Ushuaia y Río Grande, pudiéndose adicionar eventualmente una mayor cantidad de lotes según disponibilidad”, de las cuales un 40% estará afectada personal de seguridad, otro 40% a docentes y el 20% a profesionales de la salud.
Para poder postular a un predio, el interesado deberá estar inscripto en la demanda general del IPVyH; ser argentino (nativo o naturalizado); contar con 2 años mínimos e ininterrumpidos en la Provincia de Tierra del Fuego de prestación efectiva de servicio como dependiente del Ministerio que corresponda; y que los ingresos del grupo familiar provengan de trabajo formal y ser en general iguales o superiores a 4 Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).
En cuanto al pago de lote, se fija que el valor de la cuota de amortización no podrá superar el 30% del salario declarado y se “establece un plazo de financiamiento de hasta 180 meses” que podrá ampliarse hasta un máximo de 360 meses “en
el supuesto que la cuota excediera el 30% del salario
del adjudicatario.”
