l “Programa Global de Bonos para Infraestructura” mediante el cual el Poder Ejecutivo busca obtener hasta 5.000 millones de pesos para financiar obra pública no recibió objeciones por parte de la Fiscalía de Estado.
En el dictamen 10/24 de la Fiscalía de Estado, del 14 de agosto, se indica que “la herramienta en análisis constituye una operación de crédito público” que cumple con el requisito del artículo 70 de la Constitución, ya que el “endeudamiento fue aprobado por 11 legisladores” al sancionar, el 29 de Septiembre de 2023, el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Sanitaria, en Seguridad Alimentaria-Nutricional y en Seguridad Pública.
Indica también que el Tribunal de Cuentas determinó que con la emisión del bono no se superaría el 25% de los recursos ordinarias del Estado provincial, límite fijado por la Constitución.
En función de ello, concluye que “en los términos y condiciones descriptos a lo largo del expediente remitido a este organismo, la operatoria que se pretende Ilevar adelante luce enmarcada en las prescripciones constitucionales vigentes en materia de empréstito público” por lo que “no surgen de los elementos acompañados impedimentos jurídicos a la prosecución del trámite”.
Ya superada con resultado favorable las instancias de control locales, resta que el Ejecutivo obtenga el visto bueno del Gobierno Nacional para, durante lo que resta del año, poder concretar el endeudamiento por hasta 5.000 millones.
Es de tener en cuenta que en el proyecto de presupuesto 2025, el Ejecutivo solicitó a la Legislatura autorización para contraer deuda por hasta 10 mil millones de pesos, para financiar las obras de ampliación del Hospital Regional de Ushuaia; de refacción y readecuación de las instalaciones del Hospital Regional de Río Grande, y de refacción de establecimientos educativos.
