l legislador Juan Carlos Pino (PJ) realizó un balance positivo de la 5° Sesión Ordinaria que la Legislatura llevó adelante el pasado jueves. “Fue una sesión larga pero se aprobaron más de 20 proyectos de ley, 27 pedidos de informe, 35 resoluciones de presidencia, 49 declaraciones de interés y ratificaciones de convenios con Nación”, ponderó. “Nos interesa discutir lo que tiene que ver con la gente. Creo que estas 20 leyes van en beneficio de la gente”, añadió en este sentido.
El parlamentario se refirió a la aprobación de la prórroga, por seis meses más, de la Ley 1.540 que permite inyectar fondos extras a la OSEF. Aclaró que “no son de aportes patronales ni de los empleados, es un fondo que está destinado a la caja de previsión”.
Pino explicó que “como la caja de previsión se ha normalizado y tiene excedente por más de 10 mil millones de pesos se tomó la decisión de que, a través de esta ley, se le inyectara parte de esos fondos a la obra social dado que en diciembre del año pasado y enero y febrero de este año teníamos una obra social que había cortado los servicios, las prestaciones, la farmacia”.
“Tomamos la decisión política para que estos fondos se destinen a la obra social. Esto permitió que en estos seis meses 5 mil millones de pesos se inyectaran extra, esto ha permitido normalizar un poquito, no es la solución. Esta ley se prorroga otros seis meses más hasta que se encuentre una solución”, remarcó.
Pino evidenció que el problema de fondo es que hay 27 mil aportantes a la obra social pero es utilizada por 56 mil personas, más del doble. “Detectamos dos cosas, una cuestión financiera y la otra es la conducción de la obra social. En estos próximos seis meses hay que analizar cuál es el problema de fondo porque si se corta la ley mañana volvemos a foja cero”, enfatizó.
Por otra parte, Pino habló de su proyecto para reabrir la Ruta 7 en Río Grande y consideró que esto resulta sumamente importante para los más de 30 mil habitantes que tiene la Margen Sur y que hoy disponen de un solo puente de comunicación con el casco céntrico.
“Nosotros queríamos aportar una solución más concreta. La ley de utilidad pública se aprobó allá por el 2017 establecía la expropiación de la ruta. Durante la pandemia estuvo habilitada esa ruta por la emergencia y después por una situación conflictiva jurídica el dueño se cerró y se generó este conflicto. Posteriormente, el año pasado, se firmó un convenio con la provincia que establece una servidumbre de paso que le cuesta al Estado 4 mil litros de gasoil, 5 millones de pesos mensuales”, resumió.
“Ahora tenemos la Ley 1.185, de Utilidad Pública, y el convenio. Esa discusión la vamos a dar a partir de ahora en adelante porque la ruta tiene que ser del Estado. Hay un pedido de derogación que está la Legislatura provincial y está este convenio. Lo declaramos de interés estratégico que está por encima de todo esto y puede resolver este conflicto. Le sirve al Gobierno para poder mediar y establecer otra alternativa más”, cerró.
