n un clima de creciente tensión y confusión, la Justicia generó allanamientos y medidas de investigación en el delicado caso en donde se investigan presuntas amenazas y acciones extorsivas contra Vanesa Sáez.
A raíz de la gravedad de los hechos, Sáez se constituyó como querellante en el expediente donde se investigan los actos violentos y extorsivos que vienen realizando en su contra, lo que derivó en los allanamientos de los domicilios de Cirigliano y Torrez, a la vez que solicitó medidas de protección legal, que se le autorizaron rápidamente, después de haber sido víctima de una serie de amenazas que han alterado profundamente su entorno personal y profesional, según detalló Sáez a través de su abogado.
En el centro de esta polémica se encuentra Romina Cirigliano, acusada por Sáez de realizar reclamos de dinero de manera violenta a través de llamadas telefónicas y escraches en redes sociales y grupos de la aplicación WhatsApp. Además de emplear medios digitales y reiterados llamados telefónicos para sus reclamos intimidatorios, Cirigliano llevó su confrontación al entorno laboral de Sáez al presentarse en una de las sedes municipales, generando un ambiente de suma tensión y hostilidad, que provocó la presencia policial en uno de los edificios comunales.
La escalada del conflicto alcanzó un punto álgido cuando, presuntamente acompañada por Diego Damián Torrez, Cirigliano causó serios destrozos en la propiedad de Matías Roa, pareja actual de Sáez, rompiendo los vidrios del domicilio.
Como consecuencia de los hechos denunciados por Sáez, el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, bajo la dirección del juez Federico Vidal, dispuso en las últimas horas que la policía realice vigilancias periódicas en el domicilio de Sáez con el fin de asegurar su integridad psicofísica. También, además de los allanamientos, el Juzgado de Instrucción dispuso una extensa investigación que incluye la declaración de potenciales testigos y el registro de las cámaras de seguridad sobre los sectores donde Cirigliano y Torrez habrían realizado los hechos denunciados de violencia y amenazas.
Desde que se conocieron los escraches en redes sociales contra Sáez y Roa y hasta el viernes pasado, no se habían registraron denuncias formales en el Poder Judicial ni en ninguna de las dependencias policiales contra quienes fueron amenazados vía telefónica y a través de redes sociales por Cirigliano y Torrez, como tampoco de terceras personas.
No obstante, se conoció que en el Poder Judicial existen, al menos, cuatro expedientes vinculados a amenazas o presuntas extorsiones en los que Cirigliano está involucrada, lo que añade un contexto de mayor complejidad a los hechos que investiga el Juez de Instrucción Vidal.
