a denuncia, que dio origen a esta investigación de alto impacto, se centra en el presunto almacenamiento y manejo negligente de más de 150.000 bolsones de polietileno de baja densidad y otros materiales plásticos similares a la intemperie, sin las medidas de seguridad ambiental mínimas. Esta situación, publicada en mayo por este medio, generó actuaciones posteriores de las autoridades ambientales provinciales y luego la intervención de oficio por parte la Justicia Penal de Ushuaia, a raíz del potencial daño ambiental derivado de la posible contaminación por la dispersión de perdigones de plástico en el suelo, las aguas que derivan en el río Olivia y luego hacia el canal Beagle, así como la afectación sobre la avifauna del sector.
Ante la gravedad de las denuncias y la evidencia preliminar, el Juez de Instrucción Sergio Pepe ordenó un registro exhaustivo en el predio de la empresa Transiland S.R.L., ubicada en el ingreso a la ciudad de Ushuaia, y en las cercanías de la cuenca que forma el estuario con el Beagle. El operativo, que se llevó adelante con la intervención de peritos especializados de la División Policía Científica y el Ingeniero en siniestros y seguridad ambiental, Jonathan Wilder, incluyó la confección de un detallado croquis del lugar, la toma de fotografías de alta resolución que documentaron las condiciones del predio y la disposición de los materiales, y una evaluación exhaustiva de las prácticas de producción, almacenamiento y manipulación de los residuos plásticos.
El objetivo principal de este registro fue determinar si se adoptaron medidas de seguridad adecuadas para la manipulación y almacenamiento de estos materiales, y en caso de no ser así, cuantificar y documentar los daños ambientales producidos en función de las irregularidades encontradas. De igual modo, la Justicia solicitó el secuestro del registro de ingreso y egreso de mercadería y toda otra documentación relevante que permita esclarecer las responsabilidades y determinar las posibles infracciones a la legislación ambiental vigente. La posibilidad de extender el operativo a horarios inhábiles no se descartó, dependiendo de las necesidades de la investigación.
El caso, que dejó en evidencia las graves falencias en el control preventivo ambiental, pone al desnudo la negligencia de varias de las empresas que operan en Tierra del Fuego, ya que no resguardan estándares mínimos de prevención de la contaminación y el incumplimiento por las normativas ambientales que rigen en la provincia.
La investigación, actualmente en curso, seguramente identificará la cadena de responsabilidades de las empresas involucradas y las consecuencias legales que sus acciones podrían acarrear. También, los presuntos incumplimientos de los funcionarios públicos que tendrían que haber evitado el foco de contaminación por desechos plásticos en el sector. Entre otras irregularidades, el predio es un descampado que no cuenta con habilitación para el tipo de actividad que fue detectada y denunciada por EDFM.
