lrededor de esta fecha, comienza a ser indagado el teniente Juan J. Astorga acusado de haber tenido relaciones homosexuales con el sirviente Anacleto Paz, “hecho ocurrido en la residencia misma del Gobernador” Félix A. Carrié. Las indagatorias estuvieron a cargo del juez de Paz Julio Salvadores (Jorge Castelli y Patricia Halvorsen. Esas mujeres).
Con posterioridad, “el acusado teniente Astorga es (…) absuelto por el juez Germán Vidal. En los fundamentos expuestos para la absolución tienen particular importancia las contradicciones en las declaraciones del denunciante, Sargento Fermín Quintes, a quien el defensor imputa de prestarse a una confabulación de las autoridades para perjudicar a su defendido. El abogado mencionó, incluso, que algunos comerciantes que habían declarado favorecieron en sus dichos a Quintes por temor a represalias”.
En el centro de toda la intriga habría estado Ricardo G. de Rosis, quien había llegado a Ushuaia junto al equipo del gobernador Carrié, cuando asumió el ejecutivo territorial en 1899. Desde el 16 de febrero de 1900 se desempeñó como comisario.
Luego, ocupó la comisaría de Río Grande y, al investigar el rapto de la menor Elisa Andrews por parte de Germán Cejas, encargó la investigación del caso al mismo sargento Quintes que había protagonizado la denuncia contra Astorga y Paz. De ello se deriva la estrecha vinculación que existía entre de Rosis y Quintes, y la presunción de que aquella acusación fue parte del juego de presiones y pujas internas existentes en esferas de la Gobernación.
De Rosis, luego de cumplir funciones policiales en Santa Cruz, regresó a Ushuaia y fue nombrado secretario de la Cárcel de Reincidentes. Pero, cinco meses después fue suspendido por presumirse que estaba involucrado en una quiebra fraudulenta. No obstante, se mantuvo como un sujeto influyente en la ciudad y el gobernador Manuel Fernández Valdés llegó a incluirlo en la nómina de postulantes para integrar la Comisión de Fomento.
También participó de complots y denuncias, y en una ocasión fue detenido “por la policía local por promover desorden en la vía pública”. Luego, “desafío al gobernador a duelo, pero este no aceptó y cursó un escrito al juez, quien lo hizo arrestar por desacato”. La réplica de de Rosis no se hizo esperar y acusó al gobernador en una carta abierta de “perverso, mandón, inútil y haragán” (op.cit.).
