on un déficit estimado en 34 mil millones para este año y un proyectado de 56 mil millones para el 2025, el futuro inmediato de la Obra Social de la Provincia se presenta muy complicado ya que no estaría en condiciones de garantizar las prestaciones médico-asistenciales a sus más de 59 mil afiliados.
Las medidas paliativas dispuestas hasta ahora, como lo fue la ley de financiamiento extraordinario mediante la que se transfirió a la OSEF hasta el 75% de lo recaudado por el Fondo de Financiamiento de Servicios Previsionales establecidos en el artículo 43 de la ley provincial 440 y sus modificatorias, no alcanzaron para garantizar la sostenibilidad de la Obra Social en el tiempo.
El pasado viernes 6 de diciembre el Tribunal de Cuentas dio a conocer el resultado de un estudio actuarial que realizó a la Obra Social con la finalidad de “producir información a efectos de que el poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las Autoridades de la Obra Social, adopten las decisiones oportunas y necesarias tendientes a la sustentabilidad del sistema asistencial”.
En ese marco, desde el órgano de contralor se formularon una serie de recomendaciones tendientes a corregir progresivamente el déficit del sistema.
En materia de incremento de recursos proponen aumentar al 5% el aporte del afiliado titular activos y pasivos, que actualmente es del 3%.
También se plantea la posibilidad de establecer un aporte adicional igual al que se establezca para el titular al cónyuge o conviviente que posea cobertura de otra obra social o seguro de salud; definir un máximo de integrantes del “grupo familiar primario” (ejemplo, 4 miembros) y fijar un porcentaje adicional de aporte por cada integrante excedente. Además, se plantea aumentar el aporte por cada adherente no incluido en el grupo familiar primario (actualmente está en el 1,50%).
Otras de las propuestas para por incorporar como aportantes a los trabajadores estatales fueguinos “que actualmente no aportan ni contribuyen a la Obra Social”, como así también “establecer una contribución para los beneficiarios previsionales públicos provinciales del 3%”, como ocurre en otras provincias, y un aporte adicional mínimo del 5% para los jubilados que no hayan aportado durante su vida activa, por al menos 20 años, a la Obra Social.
En tanto que en materia de gastos plantean la necesidad de definir el perfil socioeconómico-ambiental y epidemiológico de los afiliados de la Obra Social, para dimensionar la demanda y efectuar una adecuada planificación sanitaria en cuanto a la oferta de prestadores y recursos necesarios; relevar a los afiliados que consumen medicamentos de alto costo, indicando la patología, el medicamento vinculado, la periodicidad de consumo y el período de tratamiento prescripto, a fin de determinar con exactitud la necesidad de compra evitando así su derivación a las farmacias convenidas; y establecer topes de consultas y estudios médicos anuales por especialidad, a fin de limitar las coberturas.
