l jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, hizo un balance del 2024 considerando que ha sido un año en el que tuvieron que atravesar desafíos muy importantes sobre todo en términos económicos, dados por las permanentes políticas de ajuste del gobierno nacional y los incumplimientos para con las provincias y los municipios.
"La obra pública retirada por el gobierno nacional ha marcado nuestra gestión, con más de 20 mil millones de pesos que quedaron sin utilizar en proyectos planificados, afectando la calidad de vida de nuestros vecinos", explicó Iriarte. Esto incluye obras fundamentales en áreas como el acceso al agua en el sector KyD y viviendas en la urbanización General San Martín, las cuales han quedado paralizadas.
El funcionario explicó que hay temas que todavía no están resueltos ya que muchos de los contratos no están rescindidos y el Ejecutivo los ha contemplado en el presupuesto municipal para el año que viene, porque todavía no tienen una resolución formal. “Hay contratos que están vigentes, obras que habían sido licitadas con anticipos financieros en distintos estamentos, ya sea financiamiento a través de Nación, financiamiento internacional y a través del FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva)”, expuso en este aspecto.
A su vez, destacó también el intento de la Municipalidad de avanzar con proyectos prioritarios utilizando fondos propios, como la refuncionalización de la entrada a la ciudad. Sin embargo, el panorama sigue siendo complicado, especialmente porque el financiamiento previamente comprometido nunca fue desembolsado por la gestión del presidente Milei. Esto es evidente en casos como el de la pasarela Pedro Fique, crucial para el aniversario 140 de la ciudad, donde el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) fue interrumpido, postergando la finalización de un proyecto urbano costero central para la ciudad.
De igual manera, Iriarte explicó a su vez que la falta de acción del Ejecutivo Nacional en la negociación con las empresas involucradas en los contratos ha sido otro punto álgido. "Muchos contratos han sido rescindidos o están sin resolución. Aún planeamos incluir estos proyectos en el presupuesto del próximo año, esperando que el gobierno nacional cese el ajuste y podamos avanzar", mencionó Iriarte, quien enfatizó la necesidad de defender jurídicamente los intereses de la ciudad.
A pesar de un entorno económico desafiante, agravado por la falta de certidumbre desde principio de año que generó muchas dificultades para la administración municipal, se avanzó en corregir los planes de obras.
Sobre estos temas centrales, Iriarte señaló: "No podemos detenernos. Mientras el plan original con acompañamiento nacional tambaleó, hemos continuado avanzando, procurando en todo momento no generar un desequilibrio económico mayor."
Frente al próximo año, que se perfila como un año complejo en términos sociales, Iriarte evaluó que será crucial encontrar un equilibrio entre continuar con la obra pública, mejorar el salario de los trabajadores municipales y mantener los servicios esenciales.
"El contexto nacional no facilita la llegada de fondos de la Nación ni de organismos internacionales, lo que nos obliga a ser creativos y eficientes", recalcó.
El funcionario concluyó su balance reconociendo las áreas de mejora dentro de la administración municipal. "Aunque dependemos de decisiones externas, nuestro objetivo sigue siendo la eficiencia en la prestación de servicios," afirmó, destacando, sin embargo, que "la motosierra del ajuste no tiene en cuenta que en medio de esta crisis están, principalmente, nuestros vecinos y vecinas."
“Entendemos que el año que viene eso debería resolverse y obviamente que vamos a defender los intereses de la ciudad porque entendemos que claramente se afectó la seguridad jurídica en muchos de los contratos”, finalizó.
