n un intento por encontrar una nueva vía de financiamiento que fortalezca los ingresos mensuales de la Obra Social del Estado Fueguino y le permita equilibrar su situación económica para garantizar las prestaciones de salud a sus afiliados, el bloque legislativo del Partido Verde presentó un proyecto de ley que crea el “Fondo Permanente de Fortalecimiento para la Obra Social del Estado Fueguino” y propone derogar el artículo 7 de la ley de emergencia previsional y redireccionar en beneficio de la OSEF el aporte extraordinario que, en virtud de ese artículo 7, vienen realizando los funcionarios de planta política de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y autoridades del BTF a la Caja de Jubilaciones.
En el proyecto presentado el pasado miércoles 19 se indica, que en base a los datos contenidos en el presupuesto 2025, la Caja estima contar con 3.085 millones de pesos provenientes de la percepción del aporte adicional extraordinario del 5% a cargo de los funcionarios antes mencionados, más todo aquel aportante activo o beneficiario pasivo que tenga referenciado su haber con alguno de los cargos antes mencionados, cumplan o hayan cumplido funciones en la administración central y los organismos descentralizados, autárquicos de la Provincia; y las empresas públicas, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, y que “la reasignación de estos fondos permitiría reducir la crisis financiera de la obra social, garantizando la continuidad de las prestaciones sin afectar la estabilidad del sistema previsional”.
La propuesta legislativa determina que los recursos correspondientes al “Fondo Permanente de Fortalecimiento para la Obra Social del Estado Fueguino” se destinarán exclusivamente “a la cobertura de prestaciones médico-asistenciales, incluyendo tratamientos, medicamentos, insumos médicos, traslados sanitarios y demás gastos inherentes a la atención de los afiliados, pero “en ningún caso podrán ser utilizados para gastos corrientes de la administración de OSEF, tales como sueldos, viáticos, alquileres, servicios generales o cualquier otro concepto no directamente vinculado con la prestación de servicios de salud”.
La legisladora Laura Colazo, autora del proyecto, afirma que su iniciativa
“busca establecer una solución definitiva, asegurando un mecanismo permanente de financiamiento por parte de los aportes de funcionarios públicos, que ayudan a sumar recursos que serán destinados a prestaciones médico-asistenciales”. Sostiene también que “desde el punto de vista de la equidad en la asignación de recursos públicos, la permanencia de esta reasignación es justificada ya que mientras la CPSPTF cuenta con un flujo de ingresos asegurado, OSEF enfrenta un déficit estructural que pone en riesgo el acceso a la salud de miles de afiliados”.
