a situación actual del sistema educativo público en Tierra del Fuego enfrenta desafíos severos debido a las constantes y desproporcionadas medidas de fuerza implementadas por el SUTEF (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina). Estas acciones no solo interrumpen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, sino que lo que es peor aún presentan a los ojos de los educandos otro pésimo ejemplo en el desarrollo del civismo.
Con la cobardía típica de quien no está dispuesto a asumir el costo de sus acciones, el SUTEF ha adoptado tácticas cuestionables como las "desobligaciones", una medida que no se clasifica ni como paro ni como asamblea, absurdo diseñado para ejercer presión sobre el gobierno sin enfrentar las consecuencias laborales de no cumplir con su deber de enseñanza, que en definitiva no es más que el trabajo por el que se les paga y que no realizan. Esto crea un vacío que perjudica únicamente a los estudiantes y sus familias, situación que además contribuye directamente a socavar el sistema de enseñanza pública propiciado por quienes pretenden presentarse ante la sociedad como los adalides que defienden al mismo, sin reparar que son quienes propician un clima que favorece la migración hacia escuelas de gestión privada, las cuales a pesar de contar dentro de sus staff con muchos de los docentes que actúan en el sistema público, sí garantizan la continuidad de las clases. Estos dirigentes parecen no caer en la cuenta que hay un universo de educandos cuyas familias no pueden enfrentar los costos del sistema privado lo que presenta una situación que contrasta claramente con los intereses que aseguran defender, a quienes no solo condenan a la ignorancia sino que además los transforman en los rehenes de sus sempiternas “luchas”.
La postura del SUTEF, que se basa en una lógica de conflicto permanente, resalta la falta de interés por el diálogo y la búsqueda de consensos. Para ellos, los conflictos solo pueden resolverse mediante su imposición en los procesos de negociación, lo que lleva a un ambiente hostil y polarizado que se aleja de las soluciones colaborativas. Este enfoque violento en la relación laboral no solo erosiona la confianza entre las partes, sino que también promueve la idea de que la violencia y la presión son las únicas alternativas para alcanzar resultados, y esto se les transmite a los alumnos como única vía de resolución de conflictos.
Además, pretenden convencer que con un accionar que viola las normas, hace uso de la violencia y el patoterismo, ejerce presión para continuar obteniendo privilegios, actúa con una insoportable falta de respeto hacia los derechos de los demás y, a pesar que no lo reconozcan, demuestran una absoluta desaprensión por la educación pública, son un ejemplo para niños, jóvenes y padres, a quienes pretenden inculcar que con la “lucha se educa”.
Resulta preocupante observar cómo esta filosofía puede permear en la sociedad fueguina, adoptando la creencia de que el conflicto y la confrontación son normales y aceptables en la negociación. Tal cambio de mentalidad podría llevar a una naturalización de la violencia y los privilegios, consolidando la idea de que es preferible el enfrentamiento en lugar del entendimiento. Entre otros excesos, este mismo grupo logró ventajas previsionales que les permite jubilarse a quienes no están frente a clases en igualdad de condiciones de quienes efectivamente trabajan frente a alumnos o les permite gozar de un sistema de licencias inaudito en cualquier otra prestación laboral, ni que hablar de los millones de pesos que el estado aporta en horas cátedras afectadas a las licencias gremiales, solo por nombrar algunas de las cuestiones de base que deberían someterse a consideración para equilibrar la balanza.
Claro que como sabiamente establece el refrán, la culpa no solo es del chancho. La responsabilidad de que esta situación se mantenga indefinidamente en el tiempo y atraviese los gobiernos recae también en quienes tienen el deber de regular las relaciones sociales y garantizar un ambiente propicio para la educación. La actual administración anticipó en el inicio de su segunda gestión que acabaría con la payasada de las “desobligaciones”. A más de un mes de iniciada las clases el gremio continúa abusando de la situación sin que nada de lo anunciado haya ocurrido. En la legislatura, la iniciativa planteada hace varios años de elaborar una normativa que resguarde a la educación como servicio esencial sólo sirvió para alentar los consabidos discursos de ocasión de los parlamentarios que, como siempre ocurre, nos presentan el escenario de las dificultades para avanzar por parte de los oficialistas y de los “hay que” de la oposición, que solo proponen soluciones desde el facilismo del enunciado teórico, demostrando que unos y otros solo apuntan a mantener conforme a su perfil de votantes para ver si logran permanecer atornillados al sillón. También es necesario mencionar lo llamativo que resultan algunas cuestiones relacionadas con la administración de justicia, al menos para el sentido común de los simples ciudadanos de a pie. ¿Cómo debe entenderse que en un momento el sistema judicial castigue a dirigentes gremiales y otros, por haberlos encontrado responsables de lesiones y daños al extremo de dictarles condenas y exoneraciones y al tiempo revierta, al menos sobre algunos, los cargos y diluya la responsabilidad del vandalismo perpetrado? En cualquier caso, las acciones de unos y otros no constituyen, desde nuestro humilde entender, ejemplo alguno para la ciudadanía en general y mucho menos para los niños y jóvenes a quienes debemos transmitirles los valores del civismo estableciendo entre otros aspectos la diferencia entre lo legal y lo ilegal.
Es imperativo que se tomen medidas concretas para asegurar que la educación pública no siga siendo un campo de batalla donde los principales perjudicados sean los alumnos.
Para preservar la integridad del sistema educativo, es vital volver a los principios básicos de la acción política y sindical que priorizan el servicio a la comunidad, la unidad comunitaria y el diálogo colaborativo. Desde ya sostenemos que deben garantizarse las medidas para que la docencia trabaje en condiciones de dignidad. Pero esto no habilita a interrumpir un servicio tan esencial como resulta el derecho de enseñar y aprender. El personal de salud o quienes trabajan en los servicios públicos y otros servicios que cumplen funciones sociales elementales no dejan de bregar por sus derechos, pero a diferencia del SUTEF lo hacen cumpliendo con funciones.
La razonabilidad de las medidas y la proporcionalidad de las acciones que se lleven adelante seguramente serán un mensaje comunitario de construcción social. Solo así podremos asegurar que el futuro de los alumnos de Tierra del Fuego no esté marcado por la crisis y el conflicto, sino por oportunidades estables de aprendizaje y desarrollo.
De lo contrario, viviremos bajo el imperio de la ley de la selva, donde solo se impone quienes tienen mayor capacidad del ejercicio de la fuerza y la violencia.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
