l abogado Paulino Rossi, como parte de la querella, logró llevar a declaración indagatoria a exjefes policiales y a los empresarios Walter Agra y Walter Prieto.
Se trata de una causa de larga data, que arrancó en 2015, y en la cual costó mucho avanzar dado el status de los implicados. “Hay un trabajo de la fiscalía muy interesante. Nos costó mucho. Esto tiene que ver con una decisión clara del Poder Judicial de empezar a marcar en la agenda este tipo de cuestiones de estafas a la gente no se pueden permitir”, destacó Rossi y consideró que “se está marcando un punto de inflexión en Tierra del Fuego”.
“También hay que entender que hay gente muy poderosa del otro lado y como gente poderosa tienen muy buenas defensas y también otras herramientas para dilatar las cuestiones. De hecho pudieron tapar esto durante mucho tiempo”, señaló y recordó que primero se dieron reclamos administrativos y posteriormente demandas civiles en un proceso que resultó muy engorroso debido a que cambió el juez que llevaba adelante la causa y con él cambió el criterio de análisis por lo cual lo que en principio se presentó como una demanda colectiva tuvo que modificarse y llevarse a causas individuales por cada uno de los damnificados.
“Todo este trabajo de tantos años nos dio los elementos necesarios para entender que se estaba configurando un delito y poder aportar al fuero penal y con la prueba que se fue generando llegar a esta instancia que para mí es un punto de inflexión muy importante y demuestra que la impunidad no se puede permitir cuando estamos hablando de gente con mucho poder económico que estafó a sesenta familias”, expuso el letrado.
Entre el 17 y el 27 de marzo los siete imputados en la causa deberán prestar declaración indagatoria. Rossi indicó que se trata de “un acto de defensa pero es un claro indicio de que la justicia ha encontrado los elementos para considerar de que pueden llegar a ser penalmente responsables por la denuncia que se ha llevado adelante que es una estafa”.
No obstante, el abogado consideró que la causa debería disparar investigaciones colaterales, esto no es un hecho aislado. Para Rossi existe una asociación ilícita. Según mencionó, “las estafas rondan los 2 millones de dólares a groso modo. Pero el juicio cruzado entre los integrantes del fideicomiso, que es la caja de previsión de la policía, y el empresario que tenía que hacer las obras ronda entre los 12 y los 14 millones de dólares que pretende cobrar el empresario a la caja”.
“¿Cómo llegan a esa cifra? ¿Tan fácil fue saquear a la caja previsional que tienen el tupé de presentar una demanda? ¿Cómo hacés para pretender un perjuicio de 14 millones cuando el loteo total no vale más de 2?”, fueron algunas de las preguntas que disparó y advirtió que esta causa es “solo la punta del iceberg”.
